La sala de audiencia en las Torres de Tribunales Federales estuvo repleta. Familiares y sobrevivientes agradecieron «su primera vez ante los jueces de la democracia» a más de 40 años de los crímenes. 24 años de condena para el Nabo Barreiro y los otros tres acusados.
El Tribunal Oral Federal 2, presidido por Julián Falcucci e integrado por Noel Costa y Fabián Asís, escucharon las últimas palabras de los imputados por la tortura hasta la muerte de Rubén “Pocho” Palazzesi, y los secuestros, tormentos y cautiverio de los sobrevivientes Jaime García Vieyra y Teobaldo Nilveo Cavigliaso. Más tarde, y por unanimidad condenaron a 24 años de prisión y a la unificación de las perpetuas a Ernesto “Nabo” Barreiro de 75 años, Carlos Enrique “Principito” Villanueva de 73 y Carlos Alberto “HB” Díaz de 80. Barreiro y Villanueva tenían una única perpetua, la del Megajuicio La Perla-Campo de La Ribera. Díaz ha sumado perpetuas desde el 28 de julio de 2008, el primer juicio de lesa humanidad en Córdoba, en el que se condenó por primera vez a perpetua en cárcel común a Luciano Benjamín Menéndez.
La multitud acompañó con entusiasmo y expectativa la última audiencia de este breve pero revelador juicio, que dejó establecido que La Quinta de Guiñazú fue el último campo montado por El Cachorro Menéndez después del cierre de La Perla, en diciembre de 1978. También probó que allí llegaron torturadores de la ESMA para “colaborar” y hasta pasaron por la casa que había sido usurpada a las familias Viotti-Mogilner-Gabaldá y donde hubo prisioneros de la llamada “contraofensiva” capturados en Paraguay y otros países limítrofes.
Se sabía de antemano: a ninguno de los imputados le convenía hablar en el momento de “las últimas palabras” , el ritual previsto por el Juicio antes del veredicto. Los tres acusados, Barreiro, Villanueva y “HB” Díaz gozan actualmente del beneficio de la prisión domiciliaria. En sus lógicas, este era un juicio corto que bien podía pasar desapercibido en el picado mar del contexto político del país. No hacer olas, optar por el silencio, les convenía. Así lo hizo “HB” Díaz, antes de volver a su domiciliaria en la casa que posee en Alta Gracia, luego de pasar unos días en la capital cordobesa, en casa de uno de sus hijos. Y así lo hizo Villanueva, que seguirá en su departamento céntrico. Por su parte, “El Principito” se limitó a rogar “que no dejen morir mi derecho a la esperanza”. Lo dijo la misma persona que –vaya uno a saber- a cuántas víctimas se las robó, además de haberse robado la vida.
Quien sí habló, aunque no habló del juicio ni buscó negar sus crímenes, fue el “Nabo” Barreiro o “Gringo”, en esta causa. Se quejó de los conceptos que el fiscal Carlos Gonella le había dedicado en la audiencia anterior cuando afirmó –en réplica a la defensora oficial que cuestionó la subsistencia de los plazos de la acción penal– que «20 años (sin juicios de lesa humanidad) hay que tributárselos a Barreiro», en referencia a los levantamientos carapintadas de Semana Santa de 1987 tras la cual el presidente Raúl Alfonsín promovió la ley de Obediencia Debida. Barreiro que se mantuvo casi mudo durante todo este juicio, no pudo con su pulsión megalómana y paradójicamente minimizó su protagonismo en la asonada militar para rebatir al acusador y buscó restar mérito y negar la crisis política que puso en vilo a la democracia.
Megalómano y negador
Esta vez su voz no tuvo el tono cuasi enfermizo de la primera audiencia por zoom desde su casa. Volvió a ser aquel Nabo de los cuatro años del Megajuicio La Perla-Campo de la Ribera.
— ¿Se me escucha bien? –quiso saber antes de su discurso. Irguió el cuerpo y se lanzó con ganas: “Es muy breve», dijo. «No me voy a referir en absoluto a la causa que está en trámite en el Tribunal, simplemente a una afirmación que hizo un fiscal en un momento dado, y voy a repasar brevemente cómo se ocasionó. Uno de los argumentos de la doctora Bazán fue la demora en la llegada a juicio de esta causa. Lo cual mereció como réplica, que un fiscal dijera que este juicio se había demorado por culpa del causante, que soy yo, debido a los hechos de Semana Santa y la consiguiente promulgación de la Ley de Obediencia Debida. Y que esa ley, y este es el punto que quiero tocar, se había votado por miedo. Bien –explicó–, entonces me dediqué a ver de qué manera se puede demostrar que hubo miedo en la votación de la ley (…). Y no encontré ninguna prueba que pudiera efectivamente constatarse. Básicamente si fue por miedo, ¿por qué no se pidió más? ¿Por qué no se pidió una amnistía? ¿Por qué no se pidió otro disparate si primaba el miedo en este momento de la circunstancia del país? Por el contrario, yo puedo decir que el doctor Alfonsín no tuvo miedo en ir a Campo de Mayo”. También arguyó que “el líder del movimiento, Aldo Rico, estaba detenido en el momento de la votación de la ley” y que “no había militares adentro del Congreso con fusiles amenazando a los legisladores”. Ni falta que hacía.
La lenta velocidad de la Justicia
La sentencia no hizo lugar al pedido de la defensa de desligar a los acusados del homicidio de Rubén “Pocho” Palazzesi, secuestrado el 12 de agosto de 1979 junto con Jaime García Vieyra. La estrategia de la defensa fue culpar de la muerte a la patota de la ESMA que viajó especialmente al territorio de Menéndez para torturar al dirigente del Peronismo de Base e integrante de las Fuerzas Armadas Peronistas de quien, sospechaban, podrían obtener un millón de dólares. Los testimonios demostraban lo contrario. García Vieyra, cautivo en un sótano de la Quinta de Guiñazú o colgado de sus ataduras de un gancho en otro cuarto de esa casa usurpada, declaró en este juicio que “le pedían todo el tiempo esa plata y creo que lo mataron por el palo verde”. Lo mismo había dicho en una declaración de 2013 Teobaldo Nilveo Cavigliaso, la otra víctima secuestrada y torturada que murió en 2020.
El Tribunal hizo caso de lo argüído por los fiscales Facundo Trotta y Carlos Gonella y por la querella de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, liderada por Claudio Orosz, según los cuales los secuestradores y torturadores de La Perla, el Campo de La Ribera y la “D2”, contribuyeron con su accionar al padecimiento de los sobrevivientes y el asesinato final de Rubén “Pocho” Palazzesi, quien fue desmembrado y luego carbonizado en un auto en la ruta Córdoba-Buenos Aires. Sus restos fueron entregados a la familia que pudo constatar las laceraciones y el ensañamiento en su cuerpo.
Un Museo de la Memoria
En el juicio declaró su viuda, Cristina Guillén, y Stella Mari Palazzesi de Cavigliaso. Ambas, también secuestradas y encarceladas, agradecieron su “primera vez ante los jueces de la democracia”, 44 años después. Y denunciaron (una vez más en lo que va de los 13 juicios) “a jueces cómplices de la dictadura” como Luis Rueda y Gustavo Becerra Ferrer, entre otros.
Después de este juicio, Silvio Viotti, de 61 años, que sólo tenía 16 cuando fue secuestrado con su padre Silvio Octavio y su hermanito de 11 años, y despojados de La Quinta de Guiñazú, está esperanzado de que «el terreno vuelva a ser lo que fue: una plantación comunitaria donde levantar un pequeño Museo de la Memoria», como ya se ha hecho en otros sitios que se recuperaron en Córdoba, como La Casa de la Imprenta, tras los testimonios de cientos de sobrevivientes que pudieron declarar en los (ya) 13 juicios por crímenes de lesa humanidad que se lograron en esta provincia.
Fuente: Página/12