Son los que concentran un tercio de la población y un 50% de los delitos más violentos. Además, se promulgó la ley que eleva penas en delitos contra policías y establece la «legítima defensa privilegiada» de los agentes de seguridad.
Un policía de 33 años fue asesinado de un balazo en la cabeza en la madrugada de ayer en el centro de Santiago de Chile, cuando realizaba tareas de control vehicular. Con él, suman tres los carabineros muertos en la capital chilena este año, en una ola de ataques y hechos de inseguridad que llevó al gobierno del presidente Gabril Boric a intervenir los 30 municipios donde hay más casos de violencia.
La muerte de un carabinero tensiona la relación de la fuerza con el gobierno
La víctima fue el cabo primero Daniel Palma Yáñez, de la Comisaría de Santiago de Chile, quien tenía 9 años en el servicio. Al momento de realizar una control rutinario a un auto marca Audi, modelo A4 de color gris, recibió dos disparos en su cabeza. Si bien fue trasladado al hospital, murió horas más tarde. Su esposa, también carabinera, está embarazada y tenía un hijo de cuatro años.
El gabinete de Boric se reunió en el Palacio de La Moneda y tras el encuentro, la ministra de la Secretaría General de Gobierno, Camila Vallejo, anunció que desde este jueves se intervienen los 30 municipios que concentran un tercio de la población y un 50% de los delitos más violentos. «El arranque del plan estaba programado para mayo, pero el presidente Boric pidió adelantarlo, tras la muerte del cabo Palma», dijo en conferencia de prensa.
Por su parte, la ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Tohá, explicó que dispondrán nuevos recursos para los oficiales, con focos investigativos «especialmente donde hay tráfico de armas».
«Esperamos focalizar la persecución para esclarecer homicidios y delitos violentos y, para ello, el trabajo coordinado que ya tenemos funcionando con Fiscalía será reforzado y acelerado”, detalló. Y según el medio local Emol, «para cada una de estas comunas se va a hacer un plan específico que va a contar con apoyos extraordinarios, en base a estos recursos que vamos a destinar y que mes a mes va a ser evaluado públicamente».
La muerte de tres oficiales en pocos días aceleró el proceso para que el gobierno gire para intentar dar solución a la crisis que se ha transformado en una de las principales preocupaciones de los ciudadanos. Tras el estallido social de octubre de 2019, se hizo una fuerte crítica a la institución Carabineros uniformados de Fuerzas Especiales por disparar a los ojos de los manifestantes dejando más de 300 heridos por trauma ocular.
La violencia de aquellos días junto a diversos casos de corrupción dentro de sus filas llegó a tal punto que uno de los proyectos de la fallida nueva Constitución, y del propio Boric en sus inicios como candidato presidencial, era intervenir y reformar la institución.
Se promulgó la ley que eleva penas en delitos contra policías
Este jueves, además, se promulgó la ley que eleva las penas a quienes cometan delitos contra las policías y establece, además de establecer la «legítima defensa privilegiada» de los agentes de seguridad y los militares -Carabineros, la Policía de Investigaciones (PDI) y Gendarmería-; es decir, la presunción de uso justificado de su arma de servicio «cuando su integridad física o la de un tercero esté gravemente en riesgo».
Este último punto fue el que causó más controversia en el debate y fue rechazado por gran parte de la coalición de origen del presidente Boric y que organizaciones como Naciones Unidas y Amnistía Internacional, que en un comunciado había advertido que «tendría graves consecuencias para los derechos humanos». Desde el gobierno, incluso, intentaron modificarlo pero no contaron con apoyo de la oposición.
“La objeción del Ejecutivo no tiene que ver con el proyecto en sí, solo se refiere a la legítima defensa privilegiada, pues, cuando se presentó el proyecto dijimos que estas normas deben estar en el marco regulatorio específico, vinculado al uso de la fuerza por parte de Carabineros, pues otro mecanismo, genera incertezas y riesgos”, había explicado entonces el ministro de Justicia, Luis Cordero.