La organización de derechos humanos Cristosal hizo un relevamiento de la violencia en los centros penales de El Salvador a más de un año del comienzo del régimen de excepción.
La organización de derechos humanos Cristosal denunció que, tras más de un año de régimen de excepción en El Salvador, murieron más de 150 personas que estaban detenidas. En el informe, acusaron «torturas sistemáticas» en las cárceles por parte del gobierno de Nayib Bukele.
El régimen de excepción en El Salvador dispuesto por el presidente Bukele comenzó el 27 de marzo de 2022. «El informe sobre el primer año del régimen de excepción de Cristosal presenta la primera lista verificada de personas que murieron bajo la custodia del Estado y documenta prácticas de tortura sistemáticas al interior de los centros penales. También aborda la situación de las mujeres, niñas, niños adolescentes y población LGTBIQ+, así como las reformas judiciales que limitan o imposibilitan garantías judiciales básicas», manifestaron desde Cristosal.
«La organización documentó 139 muertes durante el primer año del régimen, es decir, entre el 27 de marzo de 2022 y el 27 de marzo de 2023. De estas, cuatro corresponden a mujeres y 135 a hombres», detallaron y agregaron: «Ninguna de las personas fallecidas había sido declarada culpable del delito que se les atribuyó al momento de la detención. Hasta abril de 2023, la cifra de muertes registradas por Cristosal era de 153«.
En el documento, además, explicaron cómo fue el contexto de las muertes denunciadas. «Fueron el resultado de torturas y lesiones graves y sistemáticas infligidas a las personas detenidas. Fotografías y el propio IML (Instituto de Medicina) documentaron signos de asfixia, fracturas, numerosos hematomas, laceraciones e incluso perforaciones en los cadáveres. Casi la mitad de las personas fallecidas en centros penitenciarios fueron víctimas de muertes violentas confirmadas, posibles o sospechosas. Además, cerca de un quinto de estas muertes fueron causadas por patologías que evidencian una negligencia deliberada en la provisión de asistencia médica, medicamentos y alimentos, registrándose incluso muertes por desnutrición», sostuvieron.
Entre los casos particulares, destacaron el de un joven de 24 años. «Se dedicaba a la pesca y murió en la ambulancia antes de ingresar al Hospital Nacional Zacamil. Su cuerpo presentaba una perforación que traspasaba uno de sus hombros y laceraciones en las rodillas, pero la esquela del IML determinó que murió a consecuencia de ‘edema pulmonar’. El impacto de la muerte provocó que su esposa de cinco meses de embarazo perdiera a su futuro hijo», contaron.
Desde la organización de DD.HH. describieron los distintos métodos que usaron para elaborar el informe. «Para obtener esta información, la organización llevó a cabo investigaciones de campo -incluidas en fosascomunes-, recolección de una amplia documentación fotográfica de los cuerpos y de esquelas del Instituto de Medicina Legal; así como entrevistas a familiares, vecinos, conocidos de las personas fallecidas y a personas que estuvieron detenidas«, expusieron.
A modo de conclusión, reclamaron: «Cristosal hizo un llamado al Estado salvadoreño para que aclare las condiciones de los detenidos en los centros penales, respete el debido proceso, libere a las personas inocentes, responda por las muertes bajo su custodia, brinde toda la información necesaria a su familia y termine de una vez con estas prácticas amparadas en un régimen de excepción inconstitucional«.