El gobernador Quintela aseguró que las modificaciones al texto “estarán centradas en la ampliación de derechos vinculados con el acceso al agua, a la energía y a la conectividad”.
La Convención Constituyente de La Rioja comenzará el lunes el debate para tratar la reforma parcial de la Constitución provincial que, según afirmaron las autoridades locales, buscará “ampliar derechos relacionados al acceso al agua, la energía y la conectividad”.
Según el decreto, firmado el pasado 17 de julio por el gobernador Ricardo Quintela, este lunes 24 los convencionales comenzarán a sesionar para tratar la reforma parcial de la Carta Magna sancionada en 1986, que ya tuvo una enmienda en 1987 y fue reformada en los años 1998, 2002 y 2008.
“La enorme labor a realizar por las y los convencionales en esta reforma parcial de la Constitución estará enmarcada en la ampliación de derechos vinculados con el acceso al agua, a la energía y a la conectividad. A un rol más activo del Estado en la inclusión social y económica, a una convivencia democrática basada en el respeto y en la tolerancia”, expresó Quintela esta semana en su cuenta de Twitter luego de firmar el decreto.
Asimismo, el gobernador consideró que la reforma constitucional “es una oportunidad para pensarnos como pueblo, que quiere consolidar su historia, sus derechos , su identidad en el devenir de una mejor democracia para todas y todos”.
Un total de 36 convencionales constituyentes tratarán la reforma y, según la distribución de bancas que quedó conformada en las elecciones del pasado 7 de mayo, el Frente de Todos contará con 27 de las 36 bancas, Juntos por el Cambio con ocho y el partido Lealtad y Dignidad con una.
Entre los principales puntos a tratar se encuentra la periodicidad de las tres funciones del Estado; la consagración constitucional de los derechos al agua, a la energía y a la conectividad; paridad de Género en cargos electivos; libertad de expresión y gobernanza; constitucionalización de la coparticipación municipal primaria y de la renta básica universal.
La Convención tendrá un plazo de un año para la sanción de la reforma y el cuerpo no puede agregar temas, ni abordar temáticas que no hayan sido aprobadas en la Ley sancionada en la Legislatura.