El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, dijo que en los próximos días pedirá «licencia» a la Asamblea Legislativa para participar en la campaña electoral y buscar la reelección en febrero, facilitada por un polémico fallo judicial cuestionado por la oposición.
«En aproximadamente tres días voy a pedir una licencia a la Asamblea Legislativa para dedicarme a la campaña y no voy a estar en funciones como presidente», dijo Bukele anoche a sus ministros en una reunión transmitida en cadena de radio y televisión.
El presidente refirió que en las elecciones del 4 de febrero la ciudadanía va a decidir si lo reelige junto al vicepresidente Félix Ulloa para un segundo mandato.
Ante su licencia, instó a sus ministros a que «se pongan las pilas» y trabajen, tras advertir que habrá una evaluación para que puedan continuar en un eventual segundo mandato.
«Quiero que me recuerden como el presidente que no robó y que no dejó que nadie robara, y al que robó lo metió a la cárcel», se jactó.
Bukele le pidió al fiscal general Rodolfo Delgado, presente en la reunión, que investigue a todos los ministros, informó la agencia de noticias AFP.
«Yo le quiero pedir al fiscal en público que se investigue a todos los que están acá, para atrás y para adelante. Yo me imagino que no hay ningún problema con eso», enfatizó.
La Sala Constitucional, mediante una interpretación de la Constitución, habilitó a Bukele en septiembre de 2021 para buscar la reelección, lo que generó una fuerte polémica por cuanto juristas y opositores consideran que es «inconstitucional».
Su poder se consolidó ese año, cuando su partido Nuevas Ideas obtuvo mayoría en el Congreso que le allanó el camino para destituir y reemplazar a cinco magistrados de la Sala Constitucional de la Corte Suprema.
Tras romper el bipartidismo de izquierda y derecha en 2019, este empresario ultraliberal de la generación millennial cuenta con el respaldo de 90% de la ciudadanía, según varias encuestas, en gran parte por su controvertido accionar contra las pandillas.
Bukele, de 42 años, le declaró desde marzo de 2022 una guerra a las pandillas, con lo cual el país recuperó la tranquilidad, pero a costa de haber recibido duras críticas de parte de la oposición y de organismos de derechos humanos por abusos carcelarios.
Amparado en un régimen de excepción que es criticado por grupos humanitarios, las autoridades han encarcelado a más de 73.000 presuntos pandilleros, pero unos 7.000 inocentes fueron liberados.
Con habilidad para comunicar sus ideas mediante un uso compulsivo de las redes sociales, el gobernante de extrema derecha rompió esquemas de la política tradicional.
(Télam)