La Asamblea Nacional (AN, parlamento) de Ecuador votó hoy una resolución que declaró al expresidente Guillermo Lasso «responsable político» de peculado por un perjuicio para el Estado de seis millones de dólares en un contrato para el transporte de petróleo, una decisión meramente simbólica porque no tiene efectos prácticos.
Con 116 votos a favor sobre 124 asambleístas presentes -hubo un voto en contra y siete abstenciones-, la AN evitó votar la “censura” de Lasso, pero lo señaló como “responsable político de la infracción constitucional de peculado».
El exmandatario «organizó, conoció y consintió la distracción de fondos públicos, consecuencia del contrato con Amazonas Tanker Pool, lo que generó un perjuicio para el Estado a favor de terceros», afirma el texto aprobado tres días después de la reanudación del proceso que Lasso había interrumpido al disponer la llamada “muerte cruzada”.
En mayo, Lasso disolvió la AN porque se encaminaba a ser destituido.
Como el exbanquero no está en funciones desde el jueves de la semana pasada, los legisladores decidieron no censurarlo.
Sofía Espín, de Revolución Ciudadana, expresó que se trata de una «censura simbólica».
«La resolución es muy fuerte; hay una censura simbólica. Hay un repudio al gobierno de Guillermo Lasso. Todo este expediente se manda a la Fiscalía General del Estado para que inicie una investigación», señaló Espín a la prensa al final de la sesión.
Las investigaciones en torno a Lasso se originaron luego de que el portal La Posta reveló una supuesta estructura de corrupción para la asignación de cargos públicos en empresas estatales.
Por el denominado caso «Encuentro» la justicia ordenó la semana pasada arresto domiciliario para Danilo Carrera, cuñado de Lasso, y prisión preventiva para otras tres personas, entre ellas Hernán Luque, exfuncionario del gobierno.
También se vio salpicado el empresario Rubén Cherres, cercano a Carrera y asesinado a tiros en marzo, cuando era además investigado por narcotráfico.
De acuerdo con la Fiscalía, Carrera y Cherres eran «los presuntos líderes de la organización delictiva» que «valiéndose de su cercanía con figuras de la política nacional» promovían la contratación «irregular» de personas en cargos públicos.
La propuesta votada fue impulsada por los socialcristianos, e incluye rechazar la decisión de Lasso de utilizar la figura de la “muerte cruzada” durante el juicio político «para eludir la responsabilidad política». (Télam)