El Parlamento francés adoptó una controvertida ley migratoria, con 349 votos a favor y 186 en contra, que recibió el respaldo de la ultraderecha, además de los partidos afines al presidente Emmanuel Macron y que privilegia a los franceses nativos a los inmigrantes a la hora de acceder a prestaciones sociales.
«El texto migratorio ha sido votado definitivamente. Representa un largo combate para integrar mejor a los extranjeros y expulsar a aquellos que cometieron actos de delincuencia. Es un texto fuerte y firme», destacó el ministro francés del Interior, Gérald Darmanin, en la red social X (antes Twitter).
Diputados y senadores franceses habían alcanzado por la tarde francesa un acuerdo sobre el proyecto de ley de inmigración, con el apoyo de la Agrupación Nacional (extrema derecha) y Los Republicanos (derecha), tras arduas negociaciones.
La comisión mixta paritaria, formada por siete senadores y siete diputados, había empezado las negociaciones para acordar una nueva versión del texto en la tarde del ayer y las retomó en la mañana de hoy tras una noche marcada por desacuerdos de último minuto, sobre todo respecto a las ayudas sociales.
La Asamblea Nacional (cámara baja) había rechazado debatir el anterior proyecto el 11 de diciembre, infligiendo un revés a Macron, ubicado en el centrismo de la escena política.
El Gobierno decidió mantener la reforma y convocó una comisión paritaria con el objetivo de buscar un compromiso con la oposición.
La presidenta de ultraderechista Agrupación Nacional (RN), Marine Le Pen, ensalzó también el acuerdo y anunció que sus diputados votarían a favor del proyecto de ley.
«Podemos alegrarnos de un avance ideológico, de una victoria incluso ideológica de la Agrupación Nacional, ya que ahora la ley incluye la prioridad nacional, es decir, la ventaja concedida a los franceses sobre los extranjeros presentes en nuestro territorio para acceder a un número determinado de prestaciones sociales», escribió Le Pen.
«Es nuestro texto», reaccionó por su parte el presidente del partido de derecha Los Republicanos, Éric Ciotti. Su grupo también votó a favor de la iniciativa, reportó la agencia AFP.
El jefe del grupo socialista en la Asamblea, Boris Vallaud, declaró, en cambio, que el acuerdo suponía «un gran momento de deshonra».
La orientación final del texto, claramente alineado con la derecha, generó tensiones entre los partidos afines a Macron y cinco ministros amenazaron con dimitir.
Las negociaciones se centraron sobre todo en el sensible tema de los beneficios sociales para extranjeros no europeos en situación irregular.
Las fuerzas de derecha defendían instaurar un mínimo de cinco años de residencia para abrir el derecho a ciertas ayudas.
Según fuentes parlamentarias, el compromiso sellado en esta votación incluye una distinción entre extranjeros no comunitarios (que no sean ciudadanos de la Unión Europea) en función de si están o no «en situación de empleo».
Para ciertas prestaciones, será por ejemplo necesario haber residido cinco años en el territorio para los que no trabajan. Para los que tienen empleo, se requerirá haber permanecido en el país al menos 32 meses.
Las nuevas restricciones no se aplican para los estudiantes extranjeros, para los refugiados o para los que disponen de una tarjeta de residencia.
En un comunicado conjunto, varias oenegés y sindicatos denunciaron el acuerdo y describieron el proyecto de ley como el «más regresivo desde hace al menos 40 años» en Francia. (Télam)