El exmandatario esta acusado de encubrir a los responsables de la masacre de El Mozote, donde unas mil personas murieron a manos del ejército. Se trata del asesinato masivo más grande conocido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Un juzgado de El Salvador ordenó la detención del expresidente Alfredo Cristiani (1989-1994), quien está acusado de encubrir a los responsables de la masacre de El Mozote, donde unas mil personas murieron en 1981 a manos del ejército durante la guerra civil que azotó al país, informó este sábado un abogado de familiares de víctimas.
La «detención provisional» contra Cristiani, cuyo paradero se desconoce, es requerida por el delito de «encubrimiento personal» por decretar una amnistía posterior a la matanza, según una resolución del juzgado que lleva el caso, confirmada a la agencia de noticias AFP por el abogado Alejandro Díaz, ligado a una asociación defensora de los derechos humanos.
La orden, que también abarca a cuatro exdiputados, fue emitida por un juzgado de la ciudad de San Francisco Gotera, al noreste de país, y procesa a varios militares por la matanza, considerada la más grande en Latinoamérica y perpetrada durante la guerra que sufrió El Salvador entre 1980 y 1992, agregó el letrado.
«Nos interesa que se persiga a todos los responsables y desde hace años se ha estado hablando de las personas que han estado obstaculizando, solamente que pensamos que son más las que están involucradas (…) y debe investigarse realmente», agregó Díaz.
Según la resolución, Cristiani y los otros imputados encubrieron a los presuntos responsables de la masacre al impulsar la normativa publicada en 1993 y que fue derogada en 2016.
Esa ley «les garantizaba plena y absoluta impunidad a los autores materiales e intelectuales» de las masacres de El Mozote y lugares limítrofes, indicó el texto.
La matanza del Mozote
Es el asesinato masivo más grande conocido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), que condenó al Estado salvadoreño el 28 de octubre de 2012.
La matanza ocurrió entre el 9 y el 13 de diciembre de 1981, cuando unidades del Ejército salvadoreño, encabezadas por el batallón contrainsurgente Atlacatl -instruido por Estados Unidos-, lanzaron la denominada «Operación Rescate» contra la población del noreste del departamento de Morazán.
El gobierno de El Salvador estableció en 2017 que al menos 988 personas, entre ellas 558 niños, fueron asesinadas en El Mozote y las comunidades adyacentes por sospechas de colaborar con el entonces guerrillero Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FML).
Otras 712 personas que sobrevivieron al ataque abandonaron la zona. El conflicto en El Salvador dejó más de 75.000 muertos, al menos 7.000 desaparecidos y miles de desplazados.
Aunque consideró que es necesario que se detenga a «encubridores», Díaz expresó preocupación de que la orden contra Cristiani tenga tinte político de cara a las elecciones presidenciales del próximo año, en las que competirá el presidente Nayib Bukele.
«Nos preocupa que sea parte de una manipulación política con una visión más electoral y no en abonar en la resolución del caso, que ya tiene 42 años», dijo.
En marzo de 2022, otro juez había ordenado la detención de Cristiani por presuntamente haber participado en la planificación del asesinato de seis sacerdotes católicos y dos colaboradoras, cometido por el ejército en 1989 en el campus de la jesuita Universidad Centroamericana (UCA).
El exgobernante, que al parecer está fuera del país con paradero desconocido, negó en esa ocasión los cargos.
Cristiani también ha sido involucrado en hechos de corrupción y en junio le fueron incautados varios bienes por la fiscalía, en un proceso de «extinción de dominio» contra el expresidente que gobernó bajo la bandera del derechista partido Alianza Republicana Nacionalista (Arena).
El partido Arena gobernó El Salvador entre 1989 y 2009, periodo en el que ocuparon la presidencia Alfredo Cristiani (1989-1994), Armando Calderón Sol (1994-1999). Francisco Flores -ya fallecido- (1999-2004) y Antonio Saca (2004-2009), quienes, según una denuncia sobre corrupción admitida por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de ese país, habrían cometido actos de corrupción que equivaldrían en pérdidas para el Estado por 34.000 millones de dólares.