Los padres del joven, Graciela Sosa y Silvino Báez, encabezan este jueves una oración interreligiosa en las escalinatas de la Facultad de Derecho de la UBA para recordar a su hijo, e insistirán en su pedido para que los jueces de la Sala II de Casación dicten un fallo para que «se haga justicia».
A cuatro años del crimen de Fernando Báez Sosa, cometido el 18 de enero de 2020 en la ciudad balnearia de Villa Gesell, tanto la familia de la víctima como los jóvenes condenados por el homicidio aguardan con expectativa que el Tribunal de Casación Penal bonaerense resuelva las apelaciones al fallo que sentenció a cinco acusados a prisión perpetua y los otros tres a 15 años de cárcel.
En el caso de los padres del joven asesinado, Graciela Sosa y Silvino Báez, en este nuevo aniversario encabezan este jueves una oración interreligiosa en las escalinatas de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA) para recordar a su hijo, e insistirán además en su pedido para que los jueces de la Sala II de Casación dicten un fallo para que «se haga justicia».
Además e realiza además desde las 20 una misa en recuerdo de Báez Sosa en la Parroquia Inmaculada Concepción de Villa Gesell, a cargo del presbítero Pablo Bosisio.
También los condenados aguardan atentos la resolución judicial, y allegados de Máximo Thomsen (24), uno de los sentenciados a perpetua, aseguraron que el joven está «muy preocupado» por «presiones» sobre la justicia.
La madre del estudiante de Derecho asesinado frente al boliche «Le Brique» expresó en recientes posteos en redes sociales la «angustia» que siente mientras aguarda el fallo de los jueces Mario Kohan, Fernando Mancini Hebeca y María Florencia Budiño, y pidió «que no sea que la espera sea para favorecer» a los jóvenes sentenciados.
La misma preocupación fue planteada en el encuentro que tuvieron días atrás con la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich.
«Espero que favorezcan a Fernando y que sea lo más rápido posible porque venir con este calvario cuatro años es durísimo. Uno tiene que levantarse todos los días para ir a trabajar para poder subsistir, pero siempre está en la mente que todo puede cambiar. Tenemos fe en la Justicia y en nuestros abogados», dijo el padre de Báez Sosa al finalizar la reunión.
El reclamo de la familia del joven asesinado fue amplificado en distintas intervenciones por el abogado Fernando Burlando, quien encabeza su representación legal, junto a Fabián y Facundo Améndola.
En su cuenta de Instagram, Burlando señaló días atrás que «al dolor, la indignación y la angustia que significará ese recuerdo» a cuatro años, debe agregarse «el miedo a la injusticia».
«Nos acorrala ahora el miedo que se genera por los rumores que desde hace unas semanas corren en ciertos ambientes judiciales. Es el miedo a la injusticia. El miedo a que la justicia se vea avasallada. El miedo a ver hecha realidad la peor de las pesadillas que significa ver a los asesinos en libertad», escribió.
Cuestionó en ese sentido la posibilidad de que los condenados por el crimen «sean beneficiados por erróneas interpretaciones de todo lo visto, oído y probado durante el juicio», que se desarrolló en último verano en Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 1 de la ciudad de Dolores.
«Tenemos miedo de la decisión de la justicia que, de ser así, pareciera que han visto otro juicio, evaluado otras pruebas y conocido otra realidad», sostuvo el abogado, y agregó: «Nos aterra la idea de que se cambie la mirada que la justicia tiene sobre el crimen».
Subrayó además: «Nos angustia que algún juez pretenda aliviar la pena de los condenados, tomando como argumento algunas de las irrealidades que la defensa intentó mostrar».
Las condenas
Por el crimen de Báez Sosa fueron sentenciados de manera unánime a prisión perpetua Thomsen, Ciro Pertossi (23), Enzo Comelli (23), Matías Benicelli (24) y Luciano Pertossi (22), como coautores del delito de «homicidio doblemente agravado por el concurso premeditado por dos o más personas y por alevosía en concurso ideal de lesiones leves».
Los jueces María Claudia Castro, Emiliano Lazzari y Christian Rabaia entendieron además que Blas Cinalli (22), Ayrton Viollaz (24) y Lucas Pertossi (24) fueron «partícipes secundarios» del mismo delito y se les aplicó una pena de 15 años de cárcel.
En su apelación ante Casación, tanto Burlando, en calidad de particular damnificado, como los fiscales que intervinieron en el juicio pidieron que la perpetua alcanzara a los ocho.
Los jueces de la Sala II deberán resolver si hacen lugar a esos planteos, o si revisan las penas impuestas por el TOC 1 de Dolores, como pretende el defensor Hugo Tomei, quien desde el inicio de la investigación ha cuestionado la legalidad del proceso.
En una audiencia realizada el último 15 de agosto ante Casación, la defensa insistió en el pedido para que se declare la ilegalidad del procedimiento de imputación de las horas posteriores a la detención de los acusados, y cuestionó la actuación de la fiscal Verónica Zamboni, a cargo de la instrucción del caso, y de los jueces de la Cámara de Apelaciones de Dolores.
Planteó además la presunta violación al principio de congruencia de la sentencia dictada el último 6 de febrero, y pidió que se aplique la figura del «homicidio en riña» para los casos de Thomsen, Comelli, Benicelli, y Luciano y Ciro Pertossi, y la absolución para Cinalli, Viollaz y Lucas Pertossi.
La expectativa por el fallo que debe dictar Casación también ocupa a los condenados, que cumplen su sentencia en la Alcaidía 3 del penal bonaerense de Melchor Romero, en La Plata.