Entregaron a los diputados un documento crítico en el que reclaman que no se aprueben las modificaciones al Código Penal incluidas en el proyecto de ley ómnibus.
El Sistema Nacional de Prevención de la Tortura entregó a la Cámara de Diputados de la Nación un documento en el que denunció “la brutal represión desatada” por las fuerzas de seguridad durante las jornadas de tratamiento de la Ley “Bases” y reclamó que “no sean aprobadas” las modificaciones que se proponen en el Código Penal para las figuras de atentado, resistencia a la autoridad y legítima defensa.
En su carácter de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura, la Comisión Provincial por la Memoria, junto al Comité Nacional de Prevención de la Tortura y el Mecanismo local de CABA, monitorearon el despliegue de las fuerzas durante los tres días de manifestaciones frente al Congreso.
Según se advirtió, “las fuerzas de seguridad federales y de CABA montaron un verdadero operativo represivo que terminó con 23 detenciones arbitrarias, al menos 285 personas con lesiones producidas por los golpes con tonfas, disparos con postas de gomas y gases lanzados indiscriminadamente contra manifestantes y al menos 35 periodistas y 5 defensores de derechos humanos sufrieron agresiones policiales”.
En el informe se hizo un seguimiento y monitoreo por parte del Comité Nacional de Prevención de la Tortura, acerca del “despliegue y uso de la violencia por parte de las fuerzas de seguridad”, el cual fue entregado ante la Cámara de Diputados, reclamando que “se tomen medidas para impedir la reiteración de estos hechos”.
Asimismo se solicitó que “las modificaciones que se proponen para el Código Penal, previstas para las figuras de atentado, resistencia a la autoridad y legítima defensa, no sean aprobadas, toda vez que consolidarán legalmente restricciones severas al derecho a la protesta social y se darán atribuciones sin el debido control a fuerzas de seguridad que han demostrado en estos días un ejercicio arbitrario, abusivo y violento, contrario a la ley y los Pactos Internacionales vigentes”, se explicó.
“Frente a una ciudadanía que se manifestó de manera pacífica frente al Congreso, el Gobierno nacional montó un desproporcionado e irracional operativo de seguridad para aplicar el protocolo antipiquetes, con el objeto de liberar las vías de circulación”, se indicó.
“Sin embargo -agregaron-, el registro de los hechos de represión demuestran que las fuerzas de seguridad actuaron por fuera de cualquier margen razonable, incluso atacando personas que estaban en las veredas o la plaza y violando todas las recomendaciones de la normativa nacional e internacional en materia de protesta social”.
En esa línea, se remarcó que “la represión brutal desatada en estas tres jornadas y las declaraciones públicas de la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, dan cuenta de que las fuerzas de seguridad están siendo ordenadas para la consecución de fines políticos partidarios, a través de la puesta en marcha de dispositivos represivos que buscan cercenar la posibilidad de manifestarse y protestar ante las autoridades, un derecho que es garantía del funcionamiento democrático”.
Télam