El gobierno de La Rioja, con Ricardo Quintela al frente, presentó este lunes una demanda contra el Estado Nacional ante la Corte Suprema, buscando que el gobierno de Javier Milei le transfiera más de 50 mil millones de pesos a la provincia.
Desde La Rioja afirmaron que la provincia es víctima de «un injustificado trato desigualitario».
Previamente, el gobernador ya había presentado un pedido de inconstitucionalidad contra el megadecreto de Milei, que la Corte Suprema tiene bajo estudio.Según consta en la demanda, La Rioja pide que «el Estado Nacional-Jefatura de Gabinete de Ministros transfiera la Provincia de La Rioja la suma de pesos nueve mil trescientos millones ($ 9.300.000.000) debidamente actualizada por el Índice de precios al consumidor (IPC) del Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (INDEC) prevista por el artículo 83 de la ley 27.701 correspondiente al presupuesto del Ejercicio 2023, como así también, que transfiera a la Provincia de La Rioja la suma de pesos cuarenta y siete mil millones (47.000.000.000) debidamente actualizada por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (INDEC) mediante el sistema de ‘goteo diario de fondos coparticipables’ o bien subsidiariamente, en doce (12) cuotas mensuales y equivalentes correspondiente al presupuesto del Ejercicio 2024».
Luego, Guillermo Francos, el ministro de Interior, le envió a La Rioja un documento explicando que «debido a la sanción de la ley provincial 10.703, el Estado Nacional extremaría los recaudos en oportunidad de evaluar la viabilidad de efectuar transferencias presupuestarias del Gobierno Nacional con destino a la Provincia de La Rioja que no sean originadas en impuestos coparticipables de transferencia automática».
Desde La Rioja, mientras tanto, respondieron que «de las notas intercambiadas» se deduce «que el Estado Nacional reconoce de forma implícita la indebida retención de fondos que pertenecen a la Provincia de La Rioja, y a la vez, manifiesta de forma expresa una tentativa inequívoca de utilizar dichos fondos a efectos de someter políticamente a la Provincia de La Rioja. Dicha conducta podría encuadrar en las acciones tipificadas por los arts. 149 ‘bis’ y 248 del código penal».Desde la provincia sostienen que les corresponde 9.300.000.000 por el presupuesto del 2023, actualizados según el índice que decida la Corte Suprema, más 47.000.000.000 por el presupuesto del 2024, según los fondos coparticipables que pertenecen a la Provincia de La Rioja.
Además, la demanda afirma que «las provincias, para poder ejercer plenamente su autonomía, necesitan contar con recursos». Añadieron: «No existe autonomía política sin recursos que la sustenten». Finalmente, recordaron algunos precedentes en los que la Corte Suprema falló a favor de las provincias en casos similares.