El ministro del Interior salió a aclarar que “no es real” que el DNU 280 haya quitado las transferencias a 13 jurisdicciones. Aseguró que la ampliación del Presupuesto cambió denominaciones pero que “los montos están previstos”.
El ministro del Interior, Guillermo Francos, salió a aclarar este sábado que no se recortaron partidas para las cajas previsionales de 13 provincias en el DNU 280 que amplió el Presupuesto. A días del encuentro que mantendrá con los gobernadores, el funcionario dijo que “se reasignaron nombres, pero los montos están”.
“Voy a clarificar, y que no se haga una bola de nieve con un tema que no es real, las partidas dinerarias que estaban en el presupuesto de 2023, que es el que se prorrogó este año y cuyas partidas se actualizaron ahora, están, o sea, con diferencias de nominación, pero los montos están previstos”, aseguró en declaraciones a radio Mitre.
Francos expuso que “lo único que está en discusión, y que siempre estuvo en discusión, es cuáles son los montos a transferir, que es lo difícil. La Nación le debe a varias cajas provinciales, algunas han judicializado el tema, y hay algunos amparos, previsto. Pero lo que no está definido, porque hay auditorías, es el monto transferido”.
Por otra parte, se justificó afirmando que existe un “problema histórico que no es responsabilidad de este gobierno” y que se trata del stock de la deuda. “Es un monto difícil de clarificar. Usted sabe que el Estado tiene que pagar y lo que las provincias reclaman, a veces difiere”, sostuvo. A su vez, remarcó que “lo está por ley no se va a deja de reconocer, solamente que para pagarlo, tiene que estar claro qué es lo que se paga”.
Finalmente, en la previa del encuentro que mantendrá el próximo jueves con los mandatarios provinciales, el ministro aclaró que la discusión no tiene que ver con la ley de base, con la cual “muchos gobernadores y legisladores están absolutamente de acuerdo”, y expresó que “a veces hay exageraciones en lo que se plantea como necesidad o como demanda de transferencia y eso claramente es una obligación del funcionario público que tiene que ordenarla o habilitarla”.