Tras el anuncio de Fiscalía que iniciará acción penal contra la magistrada, la Cámara de Chilecito resolvió que el juez Marcelo Carrizo deberá intervenir en la causa por Cohecho Pasivo Agravado. Se espera fecha de indagatoria a la jueza, que fue suspendida por el Consejo de la Magistratura.
La justicia de la provincia de La Rioja abrió una investigación interna en las últimas semanas contra la jueza de Instrucción en lo Criminal y Correccional N°2 de Chilecito, Virginia Illanes Bordón. El fiscal provincial Diego Torres Pagnussat promovió una acción penal por los delitos de cohecho pasivo, prevaricato y estafa.
Se trata de la segunda magistrada provincial denunciada en los últimos días. La anterior había sido Norma Abate de Mazzucchelli, acusada de solicitar una coima de 8 millones de pesos para destrabar una sucesión, denuncia por la cual el Consejo de la Magistratura provincial puso en marcha el juicio político.
En el caso de Illanes Bordón, la jueza está acusada de haber cobrado dinero de personas que tenían causas penales. “A diferencia del caso Mazzuchelli, acá la suma de dinero sí se recibió, es un delito grave”, planteó el abogado David Calipo, que presentó la denuncia.
Y amplió: “Una de las causas que denuncié tiene que ver con un empresario conocido de la ciudad de Chilecito, donde el Ministro Público Fiscal pide que se avance en función de acusación de homicidio en grado de tentativa y ella lo procesa por un delito menos grave, y se le termina concediendo la libertad, y posteriormente es quien denuncia que la doctora pasó por su domicilio para retirar una suma de dinero”.
“Están ensuciando el nombre de la función judicial. (…) Una de las denuncias tiene fecha del octubre del año pasado, hay 97 capturas certificadas de conversaciones entre la magistrada y una de las personas, prueba documental, constancia de transferencia bancaria”, sostuvo el letrado en radio Fénix.
El abogado denunciante, además, indicó que dos personas del círculo íntimo de la magistrada se presentaron a declarar y manifestaron “cosas terribles”: “Utilizaba la función policial para que le limpien la casa, los móviles para que le saquen escombros de la casa… ¿Qué hay que hacer para que las instituciones funcionen? Las denuncian están presentadas en el Consejo de la Magistratura. A la jueza se le prescriben las causas, se le pierden determinados expedientes, ha dejado la sociedad sin justicia. Son causa suficiente para la remoción de su cargo”, completó.