El Ministerio de Justicia que encabeza Mariano Cúneo Libarona comunicó el cierre de 81 dependencias que brindaban atención legal primaria gratuita a personas vulnerables. Desde ATE ya estiman unos 400 despidos. La Justicia, para pocos.
El Gobierno de Javier Milei anunció esta semana el cierre de 81 Centros de Acceso a la Justicia (CAJ). Los espacios multidisciplinarios brindan atención legal primaria gratuita a poblaciones de bajos recursos. Desde el comunicado oficial los llaman «otra caja de la política». De los 105 existentes, quedarán 24 abiertos.
A través de un comunicado, el Ministerio de Justicia expresó que la clausura de los CAJ se debe a que «brindaban de manera ineficiente servicios propios del Poder Judicial y otras dependencias». La solución ante la supuesta acusación de ineficiencia no fue volverlos eficientes, sino cerrarlos.
La cartera que conduce Mariano Cuneo Libarona informó que «el Poder Ejecutivo determinó que los CAJ acumulaban empleados de distintas gestiones anteriores en dependencias alrededor de todo el país, sin demostrar resultados y duplicando funciones» y aseguraron que el gasto de funcionamiento «le costaban a los argentinos más de $8 mil millones por año».
En esa línea, las autoridades ministeriales cuestionaron la utilización de fondos para tal fin y expresaron que «en la nueva etapa que vive nuestro país ya no puede ocurrir más. Este Gobierno cuida el dinero de los contribuyentes».