El gobierno de Javier Milei profundizó la investigación interna sobre la quinta caja más importante del Estado: La Agencia Nacional de Discapacidad que estuvo a cargo, en tiempos de Alberto Fernández, de la ex vedette Paula Martínez.
La justicia investiga cómo funcionaba el “negocio» de la discapacidad.
La Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) cruzó datos con el Ministerio de Seguridad de la Nación y detectaron que 212 pensionados estaban presos.
O sea, procesados y condenados recibieron una Pensión No Contributiva por Invalidez Laboral. Las auditorías internas llegaron a los tribunales de Comodoro Py.
El último operativo de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), se han capturado a varios prófugos de la justicia que abusaron del sistema al cobrar pensiones no contributivas por invalidez laboral. El hecho, según las autoridades actuales de ANDIS, confirma el mal uso de los recursos públicos que se producía durante la gestión anterior.
Luego de que el Ministerio de Seguridad y la Agencia Nacional de Discapacidad encontrasen descubriesen que 331 prófugos de la justicia recibían una pensión por invalidez, se confirmó que otros 200 presos la cobraban.
Con estos datos, el gobierno nacional puso a disposición de la justicia los nombres de 33 prófugos que estaban en esta situación de los cuales, 14 de ellos fueron capturados en un solo operativo.
Con la información recabada por los organismos antes mencionados, la ANDIS realizó un cruce de datos con el Servicio Penitenciario Federal, que dio como resultado que 212 titulares de pensiones no contributivas por invalidez laboral se encuentran en situaciones judiciales (preso, procesado y condenado), que son incompatibles para poder recibir el beneficio.
Para Diego Spagnuolo, titular de ANDIS, “la cifra podría ascender, dado que cada servicio penitenciario provincial tiene a la vez, sus propios datos acerca de los presos, procesados y condenados, de cada jurisdicción”.
Hasta el momento, el gobierno procedió a la baja directa de estos beneficiarios. Entre los casos más llamativos se encuentra el de un hombre de 40 años, residente en La Matanza. Había recibido una pensión solo tres días después de iniciar el trámite el 28 de noviembre de 2023, incluso a pesar de que su auditoría médica resultó desfavorable, indicando que no cumplía con los requisitos necesarios.
Otro caso involucra a un hombre de 41 años de Quilmes, quien ya desde el inicio del trámite de pensión no contributiva por invalidez laboral, debía estar cumpliendo prisión domiciliaria. Además de haber logrado obtener su pensión en un tiempo récord de seis días, su condición y su estatus deberían haber sido suficientes para denegar su solicitud.
La lupa está puesta en Paula Martínez, la ex directora Nacional de Apoyo y Asignación Económica. Manejó 3400 millones de dólares en la asignación de pensiones por invalidez en todo el país.
Era la quinta caja más jugosa de la Argentina detrás de ANSES, PAMI, la Superintendencia de Servicios de Salud y el ex Ministerio de Desarrollo Social de Victoria Tolosa Paz. Durante su gestión, se entregaron 300 mil nuevas pensiones, miles de ellas, en los días finales de la gestión de Alberto Fernández.
Hoy el fiscal Guillermo Marijuán investiga el marco legal por el que se modificó la normativa para flexibilizar los controles lo que provocó un descontrol en la distribución de las pensiones.
Martínez era la encargada de los “abordajes territoriales”, una especie de “plan platita” de la discapacidad en la que se iba a buscar a los “pensionados” por pueblos y provincias.
Se les entregaba un diploma –con el rol de certificado-, se sacaba unas fotografías y se promocionaba la actividad con el intendente o gobernador junto con la funcionaria cercana a Alberto Fernández.
El ex presidente, denunciado por violencia de género por Fabiola Yañez, conoció a Martínez en los años 90 cuando la “chica Petardo” era una vedette que deslumbraba la pantalla de canal 13 en Rompeportones.
NA