La polémica comenzó cuando el vocero oficial, Manuel Adorni, y el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, declararon públicamente que se había allanado un edificio relacionado con la UNMa donde supuestamente operaban un “boliche clandestino” y un “búnker político”. Sin embargo, tanto la rectora Cristina Caamaño como otros referentes desmintieron categóricamente estas afirmaciones, calificándolas de falsas y malintencionadas.
Contexto del conflicto judicial
El conflicto tomó mayor relevancia luego de que la jueza federal de San Martín, Martina Forns, emitiera una medida cautelar que obliga al gobierno a restituir los fondos adeudados a la UNMa y suspender las acciones administrativas que intentaban deslegitimar su creación. Según Caamaño, estas acciones judiciales representan un revés importante para el Ejecutivo, que respondió con un ataque mediático basado en información falsa.
“El inmueble que mencionan como escenario del supuesto boliche clandestino no forma parte de nuestra universidad desde 2019 y sigue bajo la órbita del Ministerio de Justicia. Es una mentira más para desviar la atención de sus incumplimientos legales”, explicó la rectora en declaraciones previas a la marcha semanal de las Madres de Plaza de Mayo.
La narrativa oficial fue reforzada con imágenes de una bailanta difundidas en redes sociales por Cúneo Libarona, las cuales fueron reproducidas por algunos medios sin la debida verificación. Horacio Pietragalla, exsecretario de Derechos Humanos, denunció que estas imágenes corresponden a un espacio en el tercer piso del inmueble, que no fue utilizado ni por la UNMa ni por ningún organismo oficial. Además, detalló que entre 2021 y 2023, el segundo piso del edificio albergó un Centro de Integración para Personas Migrantes y Refugiadas, iniciativa reconocida internacionalmente que asistió a más de 31.000 personas en situación vulnerable.
“El cierre de este centro, decidido por el gobierno el pasado 15 de noviembre, refleja su falta de compromiso con las políticas públicas de derechos humanos”, agregó Pietragalla, quien también calificó de preocupante el uso de fake news para desacreditar la labor de la universidad.
Reacciones y denuncias
La UNMa emitió un comunicado en el que repudia la “campaña de hostigamiento” y exige al Poder Ejecutivo que cumpla con los fallos judiciales, transfiera los recursos presupuestarios adeudados y cese los ataques. “Esta Universidad sigue siendo objeto de los ataques más crudos, mientras sus trabajadores y trabajadoras permanecen sin cobrar. Instamos a las autoridades a respetar las decisiones judiciales y la autonomía universitaria”, subraya el texto.
Por su parte, Caamaño adelantó que se presentará una denuncia por difamación contra los responsables de estas acusaciones. “Es inadmisible que se utilicen recursos del Estado para propagar mentiras que afectan no solo a nuestra institución, sino también a los valores democráticos y de transparencia que deben primar en la gestión pública”, concluyó.