La Fiscalía boliviana imputó al ex presidente Evo Morales (2006-2019) por el delito de trata de personas y emitió una orden de detención, en el marco de una investigación que lo vincula con un caso de presunto estupro agravado. La fiscal departamental de Tarija (sur), Sandra Gutiérrez, afirmó en rueda de prensa que se está a la espera de que la Justicia disponga una fecha para la audiencia de medidas cautelares.
«Hemos iniciado una investigación ante un informe que nos ha presentado inteligencia (…) Ante cualquier denuncia que se presente, siendo estos delitos de orden público, tenemos nosotros la obligación (como Ministerio Público) de realizar la investigación», indicó Gutiérrez al recordar que está vigente la orden de aprehensión emitida el pasado 16 de octubre. Agregó que se solicitó una alerta migratoria contra Morales para evitar cualquier intento de fuga.
La investigación se centra en un caso de 2015, cuando Morales aún ejercía la Presidencia de Bolivia. Las leyes en Bolivia establecen la privación de libertad de 10 a 15 años para quienes incurran en el delito de trata de personas.
A raíz de estas acusaciones, Morales, figura clave en la política boliviana en las últimas dos décadas y símbolo del movimiento indígena y campesino, enfrenta el riesgo estar impedido para liderar las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba (el mayor sindicato cocalero del país) y el ala «evista» del gobernante Movimiento Al Socialismo (MAS).