En medio de una creciente controversia, los exfuncionarios Rubén Santos y Enrique Mathov, responsables de la feroz represión ocurrida en 2001, han sido beneficiados con prisión domiciliaria. Esta decisión fue tomada por la jueza Adriana Palliotti, luego de que ambos estuvieran detenidos desde septiembre del año pasado, tras la confirmación de sus sentencias por su rol en los homicidios y la represión contra los manifestantes en el contexto de la crisis social, política y económica que vivía Argentina.
Rubén Santos, ex jefe de la Policía Federal, y Enrique Mathov, ex secretario de Seguridad de la Nación, fueron condenados por su participación directa en los abusos cometidos durante la protesta popular contra el gobierno de Fernando de la Rúa. Las manifestaciones, que fueron reprimidas con violencia por las fuerzas de seguridad, se desencadenaron por la crisis económica y la declaración del estado de sitio en diciembre de 2001.
La represión dejó un saldo de al menos 40 muertos en todo el país, con un foco particularmente fuerte en Plaza de Mayo, donde murieron unas 20 personas. Entre las víctimas figuraron Gastón Riva, Diego Lamagna y Carlos Almirón, además de varios heridos, incluido el actual ministro de Interior, Eduardo «Wado» De Pedro, quien fue detenido en medio de las movilizaciones.
¿Por qué prisión domiciliaria?
A pesar de que las condenas fueron confirmadas por la Corte Suprema de Justicia, la defensa de Santos y Mathov solicitó la prisión domiciliaria debido a sus avanzadas edades (76 y 78 años) y a los problemas de salud que ambos presentan. El fallo de la jueza Palliotti argumentó que los informes médicos de ambos exfuncionarios confirmaron complicaciones de salud graves. En el caso de Santos, se mencionaron problemas de hipertensión, insuficiencia aórtica y un riesgo de muerte súbita, mientras que Mathov enfrenta hipertensión, enfermedades pulmonares y antecedentes de cáncer de colon. Por estas razones, la jueza consideró que ambos debían cumplir su condena en prisión domiciliaria, a pesar de la oposición de la Fiscalía, las querellas y las víctimas de la represión.
Santos se alojará en un barrio cerrado de Canning, mientras que Mathov lo hará en otro de Berazategui, ambos en la provincia de Buenos Aires. Esta decisión ha generado indignación en los grupos de derechos humanos, quienes consideran que la condena es leve en relación con la magnitud de los crímenes cometidos y que la prisión domiciliaria es un beneficio indebido.
La reacción de las víctimas y la sociedad
La organización H.I.J.O.S. Capital expresó su repudio a la decisión judicial a través de sus redes sociales, calificando el fallo de la jueza como un ejemplo más de la impunidad que rodea a los responsables de la represión en Argentina. Según sus denuncias, el proceso judicial para llegar a esta sentencia fue demasiado largo, y el beneficio de la domiciliaria se otorgó a los condenados en tiempo récord, apenas tres meses después de su detención. “¡Alertas en los barrios!”, alertaron, subrayando la indignación y la sensación de que, en lugar de ser castigados por sus crímenes, Santos y Mathov disfrutan de un privilegio.
Por otro lado, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) destacó que la sentencia de la Corte Suprema de Justicia es histórica, ya que sienta un precedente para la región en cuanto al uso de la violencia estatal contra las protestas. Sin embargo, también subrayaron que las penas impuestas, de tres años y medio para Santos y cuatro años y tres meses para Mathov, son excesivamente bajas dado el contexto de los hechos.
El precedente judicial
El caso de Santos y Mathov es considerado un hito judicial no solo para Argentina, sino para América Latina, ya que reafirma la responsabilidad de los funcionarios de seguridad por el uso desmedido de la violencia estatal durante las protestas. El fallo de la Corte Suprema, que finalmente condenó a los exfuncionarios, establece un precedente clave para asegurar que quienes ordenan la represión no queden exentos de responsabilidad.
En el mismo sentido, se considera que este caso es un llamado de atención a la justicia en América Latina, donde los derechos de los manifestantes y la limitación en el uso de la fuerza por parte de las autoridades de seguridad aún son temas de discusión en diversos países. La represión que vivieron los argentinos en 2001 sigue siendo una herida abierta en la sociedad, y este fallo intenta, aunque sea de forma parcial, hacer justicia con las víctimas.
El fallo sobre las prisiones domiciliarias aún puede ser apelado por las querellas y la Fiscalía. La presión social y política sobre este caso sigue siendo fuerte, y muchos aseguran que la justicia no ha hecho lo suficiente para sanar las heridas del 2001. En este contexto, las organizaciones de derechos humanos y los familiares de las víctimas seguirán luchando para que se haga justicia de manera plena, y que las penas se ajusten a la gravedad de los crímenes cometidos durante la represión estatal.