La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) le solicitó al Gobierno Nacional un informe por la presunta «destrucción» de archivos históricos de la Fuerza Armada Argentina.
El pedido formal se presentó ante el Ministerio de Defensa, comandado por Luis Petri, después de que se diera la orden del traslado de archivos a una nueva sede «con el objetivo de depurar la información con posibilidad de trituración de documentos».
Por su parte, el secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, afirmó que «los genocidas festejan» porque lograron tener una gestión «que pretende garantizarles impunidad». «Cuarenta años después se proponen seguir destruyendo pruebas», añadió.
En el pedido de informes, desde el gremio «exigen» que se «expliciten los criterios» para dicha orden y que, en el caso de llevarlo adelante, «garanticen la conservación» de la documentación comprometida.
«Pretenden legitimar crímenes atroces. Se están vulnerando todas las leyes vigentes en nuestro país. No puede ser la propia Armada la que ahora lleve adelante este proceso de depuración y trituración de documentación que resulta valiosa para el fortalecimiento de una democracia que se construyó sobre el juicio y castigo de los responsables de los crímenes ocurridos durante la última dictadura militar», manifestó Aguiar.
Para ATE, esta decisión «es un nuevo ataque a las políticas de derechos humanos» y deja al descubierto «el carácter de negacionista» del oficialismo.
Asimismo, sostuvieron que «es una estrategia clara de legitimar las prácticas de persecución, el encarcelamiento y la tortura» de grupos políticos y sociales opositores, o bien a cualquiera que tiene un pensamiento adverso al discurso oficialista e intentan «disciplinar»: «Tenemos que impedirlo», añadió Aguiar.
«En la nota enviada, dirigida al ministro Petri, al Jefe del Estado Mayor General de la Armada, Carlos María Allievi, y al Secretario General de la Armada, Enrique Antonio Balbi, ATE exige al Gobierno que informe si se le dio intervención al Archivo General de la Nación ya que, como órgano rector de todos los Archivos del país, debe intervenir en cualquier proceso de selección documental», informaron mediante un comunicado.
Para finalizar, desde la Asociación, recordaron que la política de «ajuste y desmantelamiento» de la gestión de Javier Milei «provocó el despido de la totalidad del Equipo de Relevamiento y Análisis de los Archivos de la Fuerzas Armadas», que incluyó a profesionales archivistas, historiadores, sociólogos y comunicadores sociales.
«Este equipo, entre otras funciones, aportaba documentación a requerimiento de la Justicia en causas por delitos de lesa humanidad», concluyeron.
NA