Una resolución de la Agencia de Discapacidad contempla los términos «idiota», «imbécil» y «débil mental», y causó un fuerte rechazo de los legisladores. Finalmente el Gobierno anunció que modificará la norma.
Legisladores de la oposición se sumaron al rechazo que organizaciones y familias que trabajan con la discapacidad levantaron contra una resolución de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) en la que se reincorporan términos como «idiota», «imbécil» y «débil mental» para referirse a personas con discapacidad intelectual.
Se trata del anexo de la resolución 187/25, publicada en el Boletín Oficial el pasado 16 de enero, donde el organismo estableció el Baremo para la evaluación médica de invalidez de las pensiones no contributivas por invalidez laboral. A posteriori, el Gobierno volvió sobre sus pasos y atribuyó a un “error” el uso de esos términos, aclarando que “modificará” la resolución publicada en el Boletín Oficial.
«La resolución 187 del Gobierno incluye conceptos como ‘idiota’, ‘imbécil’ y ‘débil mental’ para evaluar las pensiones por discapacidad. Atrasan 200 años. Son ignorantes, son perversos o las dos cosas a la vez. Presenté un proyecto de ley para derogarlo», escribió en su cuenta de X el diputado Daniel Arroyo (UP), presidente de la Comisión de Discapacidad de la Cámara baja.
Además, a través de un video evaluó «tres opciones» ante tal medida: «O son ignorantes, no tienen la más pálida idea de lo que están haciendo en la ANDIS. En segundo lugar, son perversos, quieren lastimar y a partir de ahí buscar un ajuste y lastimar a las personas. O la tercera opción, son ignorantes y perversos». «Si alguien tiene un poquito de humanidad en el Gobierno debería estar ya yendo para atrás», agregó, cosa que el Gobierno terminó haciendo.
Por su parte, la senadora Lucía Corpacci (UP) señaló que en «un nuevo acto de desprecio hacia el otro, a los que nos tiene acostumbrado el gobierno de Milei, se plasma al fijar las condiciones para el otorgamiento de las pensiones de invalidez cuando en el artículo 13 de la normativa califica a las discapacidades mentales como idiota, imbécil y débil mental; estas expresiones vertidas en la resolución 187/25 constituyen un acto de violencia institucional que va en contra de los tratados internacionales sobre derechos humanos que tienen jerarquía constitucional en nuestro país, favoreciendo los estereotipos, prejuicios y malas prácticas para con las personas con discapacidad».
La titular de la Comisión de Salud del Senado aseguró que «los términos utilizados por el gobierno son retrógrados, nos atrasan en el tiempo y nos llevan a un modelo que no reconoce a la persona con discapacidad como un sujeto de derecho en igualdad de condiciones, dejando de lado la terminología respetuosa y científica que se venía implementando hasta la actualidad, en donde se calificaba como Discapacidad Intelectual Leve, Moderada, Grave y Profunda».
En tanto, el diputado Nicolás Del Caño (FIT) reclamó: «Basta de estigmatizar y discriminar a las personas con discapacidad. Alertamos sobre el contenido de la resolución 187/25 que atenta nuevamente contra los derechos de las personas con discapacidad y pretende establecer nuevos ‘viejos’ criterios para acceder a las pensiones, con definiciones restrictivas y discriminatorias».
«Vamos a presentar en el Congreso un proyecto para rechazarla, y seguiremos acompañando los reclamos y las demandas de las personas con discapacidad y sus familias», anticipó el legislador.
El senador Mariano Recalde (UP) consideró que «la discriminación del Gobierno a las personas con discapacidad es indignante e inaceptable. Todo para seguir ajustando a los que más necesitan! O también son la casta?». «La crueldad es la antesala de la motosierra y hoy cruzaron un límite. Ya nadie puede decir que al presidente hay que darle herramientas. Hay que ponerle un freno», enfatizó.
«IGNORANCIA Y CRUELDAD. La nueva normativa de la Agencia Nacional de Discapacidad reincorpora terminología obsoleta y degradante como ‘idiota’, ‘imbécil’ y ‘retardado mental’ en la evaluación de personas con discapacidad intelectual para otorgar las pensiones no contributivas», fue el mensaje de diputada Natalia De la Sota (EF).