Acusado de incitar un levantamiento policial, Gustavo Morales fue trasladado a una cárcel de máxima seguridad.
El abogado tucumano Gustavo Morales, reconocido por sus denuncias contra los exgobernadores José Alperovich y Juan Manzur, fue detenido en el marco de una causa por presunta sedición policial en Tucumán. Su arresto fue destacado por el gobernador Osvaldo Jaldo durante la apertura de sesiones de la Legislatura provincial, donde justificó la medida afirmando que evitó un levantamiento dentro de la policía.
Morales, quien en el pasado denunció corrupción en el sistema penitenciario y casos de abuso de poder dentro del gobierno tucumano, enfrenta prisión preventiva por 30 días. La justicia provincial lo acusa de haber coordinado, a través de redes sociales y grupos de WhatsApp, un supuesto intento de sublevación policial.
La denuncia contra Morales y la versión del gobierno tucumano
Según pudo constatar NA, la fiscalía analizó más de 3.000 mensajes de WhatsApp pertenecientes al grupo «Sueldo Policial 2024», donde efectivos de la policía tucumana discutían medidas de fuerza en reclamo de mejoras salariales. En esos mensajes se habrían registrado frases como «voltear al Ministro de Seguridad» y «tomar la Casa de Gobierno», lo que fue interpretado como una posible incitación a la rebelión.
En la apertura de sesiones ordinarias de la Legislatura, Jaldo defendió la detención de Morales y otros implicados, asegurando que se evitó un conflicto dentro de la fuerza policial.
«No puede ser que gente con arma prestada quiera levantarse contra sus autoridades, las instituciones y los tres poderes del Estado», afirmó el gobernador.
Además, felicitó al Poder Judicial provincial, al Ministerio Público Fiscal y a la Corte Suprema de Justicia por su accionar en la causa.
«Si no hubiésemos actuado, hoy tendríamos otro acuartelamiento policial. Gracias a Dios, nos adelantamos y eso no ocurrió», agregó Jaldo.
El perfil de Morales y su historial de denuncias
Gustavo Morales es un abogado de larga trayectoria en Tucumán y en los últimos años cobró notoriedad por sus denuncias contra la clase política de la provincia.
En 2019, acusó al entonces senador y exgobernador José Alperovich de inhabilidad moral tras la denuncia de abuso sexual presentada por una sobrina del exmandatario. Además, solicitó su desafuero ante el Senado.
Ese mismo año, denunció corrupción dentro del penal de Villa Urquiza, señalando un circuito de narcotráfico dentro de la prisión, en el que acusó a autoridades penitenciarias de obligar a internos a comercializar estupefacientes.
También denunció irregularidades en contratos estatales y el manejo de fondos públicos durante la gestión de Juan Manzur.
En el último tiempo, Morales había comenzado a apuntar contra el actual gobernador Osvaldo Jaldo, lo que refuerza las sospechas de que su detención podría estar motivada por razones políticas.
El rol de las redes sociales y la supuesta sedición
La investigación fiscal sostiene que Morales lideraba un grupo denominado «Toda la Verdad», en el que se habrían coordinado campañas mediáticas contra el gobierno provincial.
Según los informes judiciales, Morales utilizó plataformas como TikTok, YouTube y WhatsApp para amplificar los reclamos policiales y habría administrado una cuenta de redes sociales desde la que se incitaba a los efectivos a organizarse y manifestarse contra las autoridades.
En la causa se incluyó el análisis de pagos y transferencias de dinero entre miembros del grupo, que tenían como objetivo financiar la contratación de un abogado para representar a los policías involucrados.
Críticas y preocupaciones por la detención
Desde sectores opositores y organismos de derechos humanos expresaron su preocupación por la detención de Morales, especialmente por las condiciones en las que se encuentra.
Referentes políticos y judiciales advirtieron que Morales fue trasladado a una cárcel de máxima seguridad, incomunicado y sin contacto con su familia, lo que despierta dudas sobre el respeto a sus garantías procesales.
El caso sigue generando repercusiones y podría escalar a instancias judiciales nacionales e internacionales, si se comprueba que la detención vulneró derechos constitucionales.
NA