Argentina sufrió un nuevo revés judicial en Estados Unidos, donde un grupo de acreedores ejecutó un embargo por US$ 209 millones tras la sentencia adversa en el juicio por bonos emitidos a principios de los 90 y defaulteados en 2001.
La jueza Loretta Preska avaló la ejecución de activos estatales argentinos luego de que en enero la Corte Suprema de EE.UU. rechazara la apelación del país. En consecuencia, el fondo Attestor Master Value informó que tomó posesión de estos activos en compensación por la deuda impaga.
El embargo se realizó sobre fondos depositados en la Reserva Federal de Nueva York, correspondientes al colateral de los Bonos Brady, que vencieron en 2023 tras haber caído en default en 2001. Según explicó en la red social X el analista Sebastián Maril, especialista en litigios contra el Estado argentino, la decisión de Preska se fundamentó en la imposibilidad del país de revertir el fallo adverso en instancias superiores.
Attestor forma parte de un grupo de ocho fondos que aún tienen fallos favorables impagos por un total de US$ 460 millones. Con la ejecución de estos US$ 209 millones, el saldo pendiente por este litigio se redujo a US$ 251 millones.
El caso se suma a otro antecedente reciente: el mes pasado, bonistas que demandaron a Argentina en Londres por el pago del cupón PBI lograron ejecutar una garantía de US$ 325 millones, que el país había depositado como colateral en su intento por apelar ese fallo.
Por otra parte, Bainbridge Fund, otro acreedor con reclamos similares, intentó sumarse al embargo de los Bonos Brady. Sin embargo, Preska rechazó su pedido de congelar todos los fondos y sólo permitió avanzar sobre US$ 100 millones.
Con este nuevo golpe judicial, Argentina enfrenta mayores dificultades en su intento de cerrar frentes legales abiertos en el exterior, mientras continúa buscando financiamiento en los mercados internacionales.
NA