En conferencia de prensa las autoridades de la Obra Social de la Universidad Nacional de La Rioja (OSUNLaR) brindaron precisiones sobre las causas judiciales iniciadas contra exfuncionarios por graves irregularidades que afectaron el patrimonio institucional.
La interventora Gabriela Brizuela estuvo acompañada por el gerente Daniel Albornoz, el síndico Carlos Sant, los abogados Sergio Cano, Daniela Gallardo y Juan Carlos Brizuela, junto a representantes de la lista Nueva OSUNLaR.
Durante el encuentro se detalló el estado de la causa caratulada «Albornoz Sosa Daniel Nicolás y Otro – Denuncia» contra los exfuncionarios Daniel Alberto Quiroga y Lucas Fabricio Zapata. Las investigaciones demostraron que durante su gestión se cancelaron irregularmente plazos fijos en dólares por 33 millones, de los cuales solo 19 millones fueron efectivamente transferidos al proveedor médico indicado. Asimismo las autoridades aseguraron que estas no fueron las únicas irregularidades: «también se efectuaron gastos que, con un criterio razonable, nunca debieron realizarse en ese contexto, como compras de un millón de pesos en relojes, otro millón en toallas, y la contratación millonaria —pagada por adelantado— de un abogado externo, pese a que la Obra Social contaba con cinco abogados propios. Todo ello provocó que, en apenas siete meses, se dilapidaran casi USD 800.000, es decir, la mitad de los ahorros acumulados en la última década.»
En relación a la causa por resoluciones duplicadas, se informó sobre las acciones contra otros exfuncionarios, incluyendo a la ex presidenta Ana Laura Toro, quien habría tenido conocimiento de estas irregularidades pero omitió denunciarlas. Las auditorías revelaron que ocho empleados -cuyos nombres se mantienen en reserva por orden judicial- recibieron pagos excesivos mediante resoluciones falsificadas que les asignaban múltiples categorías simultáneamente.
«Los exfuncionarios Quiroga, Zapata y Toro tendrán que responder ante la Justicia por estas graves irregularidades que afectaron seriamente el patrimonio de nuestra obra social», afirmó la interventora Brizuela.
Las autoridades presentes reafirmaron el compromiso de continuar con las acciones legales para recuperar los fondos desviados y garantizar la transparencia en la gestión. Se anunció que se brindarán actualizaciones periódicas sobre el desarrollo de estas causas que actualmente se tramitan ante el Juzgado de Instrucción N°2 a cargo del juez Héctor Daniel Barría.