La poda de personal afectó especialmente a la Administración Pública Nacional y empresas estatales. El objetivo central: sostener el superávit fiscal.
Desde que asumió Javier Milei, el Gobierno nacional impulsó una política de fuerte reducción del empleo público. Entre diciembre de 2023 y abril de 2025, el recorte alcanzó un total de 47.925 puestos de trabajo, lo que representa una baja del 9,6% en la plantilla estatal.
La información surge de un informe elaborado por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, encabezado por Federico Sturzenegger. Allí se detalla que el ajuste permitió generar un ahorro anual de 1.885 millones de dólares.
Recortes profundos en la APN y empresas estatales
El informe oficial pone el foco en dos grandes áreas del Estado: la Administración Pública Nacional (APN) y las empresas estatales. En ambos casos, se registraron reducciones significativas de personal.
En el caso de la APN, la baja fue del 13,7%, mientras que las empresas estatales redujeron su plantilla en un 16,4%. Este descenso contribuyó de manera decisiva al ahorro millonario que destaca el Gobierno.
El cálculo del ahorro: más allá de los sueldos
Según el documento, los 942,5 millones de dólares de ahorro directo en sueldos se duplican al incluir otros costos operativos. “Se estima, con amplio consenso, que el costo total de cada empleado duplica su salario debido a gastos en infraestructura laboral, tales como el espacio de oficina, mobiliario, equipos electrónicos, suministros y servicios varios”, explicaron desde la cartera conducida por Sturzenegger.
De esa manera, el ahorro total alcanzó los 1.885 millones de dólares anuales, al sumar los llamados costos indirectos.
Al desagregar los datos, se observa que los recortes fueron más intensos en ciertas modalidades contractuales. En los contratos bajo la Ley Marco, la poda de personal significó un ahorro de 231 millones de dólares en sueldos, que se eleva a 462 millones si se suman los costos indirectos.
Por su parte, los contratos permanentes y transitorios generaron un ahorro anual de 254 millones de dólares en remuneraciones, cifra que sube a 508 millones al incluir infraestructura. En tanto, los contratos LOYS representaron un ahorro salarial de 67 millones de dólares, que asciende a 134 millones en total.
Un ajuste alineado con la meta de superávit
El ajuste en el empleo público no es una medida aislada, sino parte del plan macroeconómico del Gobierno para reducir el gasto y consolidar el superávit fiscal. El objetivo para este año, según lo admitido por el propio equipo económico, es más exigente que el acordado con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Mientras el programa con el organismo internacional fijaba una meta de superávit primario del 1,3% del PBI (unos 6,3 billones de pesos), el Gobierno decidió elevarla al 1,6% (equivalente a unos 7,7 billones de pesos) como forma de blindar la economía frente a eventuales shocks externos.
Reducción de subsidios, obra pública y salarios
Además del recorte en el empleo estatal, el Gobierno aplicó otras medidas de ajuste. Según estimaciones privadas, en abril el gasto en subsidios cayó un 70% respecto al mismo mes del año anterior. En tanto, la obra pública se redujo en un 63% y el gasto en salarios retrocedió alrededor del 13%.
A su vez, se prevé una recomposición de las retenciones al sector agropecuario para reforzar los ingresos del Estado. En paralelo, el gasto previsional —el principal componente del presupuesto nacional— continúa indexado por inflación, lo que implica que otros rubros deberán absorber el peso del ajuste fiscal.