La vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, vive horas turbulentas dentro de su círculo político más cercano. En un claro mensaje de consolidación de poder, la funcionaria ratificó su postura política en sintonía con la minimización de la represión ilegal ocurrida durante la última dictadura cívico-militar y oficializó nombramientos que ya generaron fuertes cuestionamientos en los sectores más progresistas de la política argentina.
Uno de los nombramientos más polémicos fue el de Juan Manuel Gustavo Gestoso Presas, exmilitar acusado de ordenar la destrucción de pruebas vinculadas a crímenes de lesa humanidad ocurridos en la dictadura. Este acto de designación, que no pasó desapercibido, muestra cómo la Vicepresidenta afianza su mesa chica con figuras vinculadas al ejército, mientras se enfrenta a una creciente crisis interna dentro de su espacio político.
A través del decreto 0306/25, firmado por Villarruel, se oficializó el nombramiento de Gestoso Presas como subdirector general de Auditoría y Control de Gestión. El exmilitar había sido responsable de la Compañía de Inteligencia 5 «Mayor Humberto Viola», en Salta, y estuvo involucrado en un caso de destrucción de pruebas clave para el esclarecimiento de crímenes de lesa humanidad.
En 2008, dos libros de guardia del Hospital Militar de Salta, que contenían registros de nacimientos ocurridos entre los años 1970 y 1997, fueron hallados en condiciones deplorables. La información, que podría haber sido crucial para esclarecer casos de apropiación de menores durante la dictadura, fue entregada a Gestoso, quien, tras evaluarlos, ordenó su destrucción.
A pesar de la gravedad del acto, el Tribunal Oral Federal de Salta decidió en 2014 sobreseer a Gestoso, alegando que el delito no constituía una violación de los derechos humanos, ya que se encontraba prescripto. Sin embargo, la designación de Villarruel reavivó el debate sobre la impunidad de algunos miembros de las fuerzas armadas.
La ratificación de Gestoso en la estructura del Senado no fue la única causa de malestar en el entorno político de Villarruel. En las últimas semanas, la vicepresidenta enfrentó un revés importante al acusar a la corriente juvenil de su sector de «traición». El conflicto estalló cuando estos jóvenes decidieron fiscalizar las elecciones porteñas bajo la órbita de La Libertad Avanza (LLA), el frente liberal que respalda a Javier Milei.
El enfrentamiento se agudizó cuando, dentro del propio espacio de la vicepresidenta, se denunció que los jóvenes estaban siendo sometidos a estrictos controles y prohibiciones que limitaban su participación política. La fricción entre la juventud y el liderazgo de Villarruel resalta una creciente división en su coalición, que ya no es solo ideológica, sino también generacional.
Este conflicto también pone en evidencia la presión que ejerce la figura de Karina Milei, hermana del candidato presidencial Javier Milei, sobre las bases jóvenes del espacio. La intervención de la corriente juvenil de La Libertad Avanza parece haber sido un factor determinante en las recientes tensiones, ya que muchos de los miembros que históricamente apoyaron a Villarruel ahora se alinean con la estrategia de Milei, quien se muestra cada vez más influyente dentro de los sectores más jóvenes de la política argentina.
Repercusiones: condena de organismos de derechos humanos
Desde la oposición, los organismos de derechos humanos no tardaron en condenar la designación de Gestoso Presas. La senadora de Unión por la Patria, Nora Del Valle Giménez, quien preside la Comisión de Derechos Humanos del PJ, expresó su profunda preocupación por la decisión de Villarruel, acusando a la vicepresidenta de “reconocer y reivindicar a quienes cometieron delitos de lesa humanidad y obstaculizaron la búsqueda de la verdad”.
A la crítica política se suman las repercusiones sociales, especialmente en las comunidades que durante años han luchado por la justicia y el esclarecimiento de los crímenes cometidos por la dictadura. Según la senadora Giménez, el nombramiento de Gestoso constituye una «reafirmación» de las posturas negacionistas de la actual gestión del Senado.
La vicepresidenta Villarruel sigue apostando a un perfil político que desafía las narrativas dominantes sobre la dictadura y la memoria histórica. Sin embargo, sus decisiones parecen generar una división creciente en su propio entorno, evidenciada tanto en el nombramiento de figuras de dudosa reputación como la del exmilitar Gestoso, como en las tensiones con su base juvenil. En un momento clave de su carrera política, las fricciones internas y las críticas externas podrían convertirse en un obstáculo para consolidar su liderazgo a futuro.