Con una deuda millonaria acumulada por Nación y una reducción del 4,2% en las transferencias automáticas, la Provincia vuelve a denunciar el desfinanciamiento sistemático por parte del gobierno de La Libertad Avanza.
La Rioja se consolida -tristemente- como una de las provincias más perjudicadas por el ajuste que lleva adelante el Gobierno nacional. Con una caída del 4,2% en las transferencias automáticas, el recorte de fondos que deben enviarse desde Nación no solo afecta las cuentas públicas, sino que amenaza directamente el federalismo y la equidad territorial.
En medio de un clima de creciente tensión entre el gobierno de Javier Milei y las provincias, La Rioja vuelve a ocupar el centro de la escena, no solo por ser una de las jurisdicciones más afectadas por la reducción de fondos coparticipables, sino por haber sido la primera en alzar la voz con claridad frente al modelo de ajuste fiscal que aplica el gobierno libertario que está desfinanciando a las jurisdicciones.
Hoy, muchas provincias comienzan también a levantar su voz para denunciar una política nacional que, bajo el pretexto del equilibrio financiero, ignora la realidad de los territorios y rompe los pactos federales que sostienen el funcionamiento del país.
A la fecha, el Gobierno nacional mantiene una deuda millonaria con La Rioja, producto del incumplimiento sistemático del envío de los fondos que por ley le corresponden. No se trata de una ayuda, ni de aportes discrecionales: son recursos que forman parte de un régimen especial reconocido históricamente a la Provincia por su condición federal y que han sido desconocidos por la actual gestión nacional.
Sin embargo, y pese a este escenario de brutal asfixia financiera, La Rioja ha sostenido con recursos propios el pago de salarios, la continuidad de la obra pública, las políticas sociales y el acompañamiento a los sectores productivos. Lo ha hecho con esfuerzo, con gestión, y con una determinación política que contrasta con el desinterés que reina en la Casa Rosada.
La Rioja no es solo un número: es la expresión de una decisión política que castiga a las provincias que se animan a cuestionar el relato de un supuesto “orden” que se construye sobre el desfinanciamiento sistemático del interior y que, actualmente, pone en jaque a las administraciones provinciales, muchas de las cuales ya advirtieron sobre la imposibilidad de cumplir con los compromisos asumidos.
Por eso, desde el inicio de esta gestión nacional, la Provincia encabezó los planteos ante la Justicia y en el plano institucional para exigir lo que le corresponde por derecho.