El expresidente Alberto Fernández amplió este viernes su declaración indagatoria ante el juez federal, Sebastián Casanello en el marco de la causa por presuntas irregularidades en la contratación de seguros durante su mandato. Además de negar haber cometido delitos, pidió su sobreseimiento y presentó nuevas pruebas para su defensa.
Fernández está imputado por los delitos de administración fraudulenta y negociaciones incompatibles con la función pública. Su abogada, Marina Barbita, explicó que el exmandatario solicitó que sean citados a declarar varios exfuncionarios clave de su gestión: Vilma Ibarra, Santiago Cafiero, Martín Guzmán y Miguel Pesce. También remarcó que «el haber firmado un decreto fue beneficioso para el Estado nacional» y que el proceso está abierto a ser acompañado «con transparencia».
Durante la audiencia, Fernández reiteró su desvinculación del supuesto esquema de beneficios hacia intermediarios del mercado de seguros. Se refirió específicamente al Decreto 823/2021, que obligaba a las dependencias públicas a contratar seguros a través de Nación Seguros, y afirmó que esa medida fue diseñada para proteger el patrimonio estatal al reducir la intervención de terceros. «No fue un acto direccionado a cometer delito alguno», señaló su defensa en un comunicado posterior.
También abordó el vínculo con el broker Héctor Martínez Sosa, uno de los principales apuntados en la causa. Reconoció conocerlo desde hace años, pero sostuvo que nunca intercedió por él mientras fue presidente. Aclaró que su relación era profesional, previa a su mandato, y que el empresario ya operaba con el Estado mucho antes de su llegada al Ejecutivo.
Sobre la situación judicial, Barbita insistió en que la imputación contra su defendido «no es clara, precisa ni circunstanciada» y volvió a cuestionar al anterior juez de la causa, Julián Ercolini, por una supuesta falta de imparcialidad. Recordó que Fernández lo había denunciado en el pasado en el marco de la causa por el viaje a Lago Escondido.
Por último, el expresidente respondió a un informe de la PROCELAC sobre su evolución patrimonial. Dijo que no presenta anomalías y que tanto sus ingresos como sus bienes son compatibles con su historial profesional y público.