La iniciativa apunta a contener el ingreso masivo de importaciones promovidas por el Gobierno nacional, con el objetivo de resguardar miles de puestos de trabajo en las provincias.
La industria textil y del calzado argentina atraviesa una de sus crisis más profundas, con fuerte impacto en provincias como La Rioja, donde estos rubros son clave para la economía y el empleo. E
En ese contexto, el diputado nacional riojano Ricardo Herrera presentó un proyecto de ley para declarar la emergencia en ambos sectores por 180 días, con el objetivo de detener el deterioro productivo, laboral y comercial. La iniciativa ya cuenta con el respaldo de otros 15 legisladores, entre ellos los también riojanos Hilda Aguirre, Sergio Casas y Gabriela Pedrali.
El proyecto, según detalla el medio Economía Riojana, incluye además el pedido de iniciar una investigación de salvaguarda comercial a través de la Comisión Nacional de Comercio Exterior, con la intención de frenar el ingreso masivo de productos textiles y de calzado importados, que profundiza la crisis de la industria nacional. El debate ya se instaló en el Congreso y busca atender la situación crítica que afecta especialmente a las regiones con mayor concentración de mano de obra en estos sectores.
Estas investigaciones, definidas como acciones urgentes, buscan prevenir o mitigar daños graves a la industria nacional ocasionados por importaciones, sin importar su origen. Además, durante el período de emergencia, se suspenderían los despidos y se congelarían las tarifas de servicios públicos (electricidad, gas y agua) para las empresas del rubro. «Se deben aplicar únicamente durante el período necesario para prevenir o reparar el daño y facilitar el reajuste de la industria nacional», señalaron desde el entorno legislativo.
Un sector golpeado por las importaciones y la caída del consumo
Un informe de la Fundación Pro Tejer revela cifras alarmantes: en el primer trimestre de 2025, el 50% de las empresas del sector registró una baja de ventas en comparación con el mismo período de 2024, con un promedio de caída del 5%. Si la comparación se extiende a los últimos dos años, 7 de cada 10 empresas informaron contracciones, con un descenso promedio del 21%.
El impacto en el empleo fue inmediato y profundo. Desde fines de 2023 hasta marzo de 2025, el 72% de las firmas tomó medidas que afectaron a su personal, y 6 de cada 10 redujeron su plantilla. Esto derivó en miles de despidos y suspensiones en todo el país. En cuanto a la producción, la mitad de las compañías registró una contracción del 3% interanual, aunque en comparación con 2023, el retroceso alcanzó al 75% de las empresas, con una caída promedio del 20%.
La capacidad instalada también muestra signos de deterioro estructural. Solo el 35% de las firmas señaló una mejora leve respecto al año anterior, pero ninguna logró recuperar los niveles productivos de 2023. En una mirada más amplia, el 80% de las compañías informó retrocesos, lo que refleja una parálisis productiva generalizada.
Un pedido de alivio frente a una crisis estructural
El proyecto legislativo pone en primer plano el impacto que las importaciones, combinadas con la baja del consumo interno y la apreciación del tipo de cambio tuvieron en la industria. Según el informe de Pro Tejer, el 82% de las empresas señaló que la pérdida de poder adquisitivo de los consumidores fue el principal factor de caída en la demanda. Le siguieron el aumento de importaciones (63%) y la apreciación del peso (40%), que vuelve más caros los productos nacionales frente a los extranjeros.
Esta combinación de factores no solo afectó la producción y el empleo, sino que frenó completamente la inversión: el 70% de las empresas no invirtió durante 2024, y el 80% no prevé hacerlo este año. Las expectativas para el resto de 2025 son mayormente negativas: un 40% de las empresas cree que su situación empeorará, otro 40% no espera cambios y apenas un 20% vislumbra alguna mejora.