“El jitomate mexicano va a seguir exportándose aún con el arancel porque no tiene sustituto”, aseguró Claudia Sheinbaum.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, manifestó su rechazo al nuevo impuesto del 17,09 % que se aplicará al tomate mexicano por parte de Estados Unidos y sostuvo que el Gobierno tomará acciones para fortalecer el mercado interno.
“Yo espero que la próxima semana podamos anunciar una serie de acciones que vamos a desarrollar con todas las asociaciones y todos los productores de jitomate (tomate)”, adelantó la mandataria mexicana durante la conferencia de prensa matutina desde el Palacio Nacional de la Ciudad de México.
Sheinbaum agregó: “No quisiera adelantar, pero son en el marco del (gubernamental) Plan México y vamos a dar distintas opciones a los productores de jitomate en nuestro país y a seguir peleando en Estados Unidos”.
La mandataria calificó el cobro del impuesto como “injusto”, al expresar que afecta de manera directa a los productores nacionales, así como a los propios consumidores estadounidenses.
Para la presidenta mexicana, la aplicación de la nueva tarifa obedece a la presión de productores de tomate en el estado estadounidense de Florida, que desde 1996 promovieron investigaciones “antidumping” contra los productores mexicanos por una supuesta competencia desleal.
La mandataria mexicana recordó que el Gobierno de Estados Unidos intentó aplicar en 2019 este tipo de medidas, lo que se logró revertir tras un acuerdo en una mesa de negociaciones.
Reiteró que el Gobierno de México mantendrá las conversaciones con su contraparte estadounidense con el fin de lograr un acuerdo, al tiempo que con gravamen o sin gravamen, el tomate mexicano seguirá con sus exportaciones porque no se puede sustituir.
“El jitomate mexicano va a seguir exportándose aún con el arancel porque no tiene sustituto”, puntualizó la presidenta, de acuerdo con el informe de la agencia de noticias Xinhua.
En abril pasado, el Departamento de Comercio de Estados Unidos anunció un impuesto al tomate mexicano a partir del 14 de julio, plazo que terminó el lunes. Autoridades mexicanas iniciaron desde entonces negociaciones con el Gobierno de Estados Unidos para llegar a otro acuerdo favorable, lo que mantenía abierta la posibilidad a una solución y evitar así el gravamen, al igual que otros países, a consecuencia de la política arancelaria del presidente estadounidense, Donald Trump.