La medida contempla una suma fija de $80.000 y un aumento del 4,5% al salario básico, a percibir con los haberes de agosto que se cobrarán en septiembre. Además, se otorgarán $40.000 a vinculados, beneficiarios de programas, becas y tutorías. El incremento supera el dato inflacionario y sobrepasa ampliamente el límite del 1% dispuesto por Nación. Para Salud, Seguridad, Justicia y Educación, la suma será remunerativa.
El Gobierno de La Rioja otorgará una nueva mejora salarial para todos los trabajadores y trabajadoras de la Administración Pública Provincial. La medida, consensuada con los gremios, consiste en una suma fija de $80.000, un incremento del 4,5% sobre el salario básico a percibir con los haberes de agosto que se cobrarán en septiembre, y una asignación de $40.000 para trabajadores vinculados, beneficiarios de programas, becas y tutorías.
Esta disposición forma parte de una política salarial sostenida, orientada a defender el poder adquisitivo de las y los trabajadores riojanos. Se implementa en un contexto nacional signado por un feroz ajuste, recesión y caída del consumo, lo que obliga a las provincias a hacer un esfuerzo cada vez mayor para sostener sus compromisos básicos.
Desde el Gobierno se reconoce que esta no es la mejora salarial que se quisiera otorgar, pero es el máximo esfuerzo posible ante el ahogo financiero impuesto por Nación. Aun así, se prioriza la presencia del Estado y se reafirma la convicción de que el salario no puede ser la variable de ajuste.
En el caso de los sectores Salud, Seguridad, Justicia y Educación, los $80.000 tendrán carácter remunerativo. Para las categorías con salarios más bajos, el impacto del aumento es significativo: tomando como referencia una base de $550.000, el incremento total representa aproximadamente un 16%, superando el índice de inflación.
De este modo, La Rioja se diferencia una vez más del Gobierno Nacional, que promueve limitar los aumentos salariales a no más del 1%. Frente a esa lógica de recorte, la gestión del gobernador Ricardo Quintela reafirma que invertir en el empleo público es una decisión política y social.