La Sala N° 2 de la Cámara en lo Criminal y Correccional con competencia Multifueros de la ciudad de Chepes, a cargo de la jueza Dra. María Alejandra López, quien condenó a un hombre a la pena de 7 años de prisión efectiva, pena máxima solicitada por Fiscalía, por el delito de abuso sexual simple gravemente ultrajante, en perjuicio de una niña y dispuso medidas complementarias urgentes en resguardo de la víctima.
Durante el juicio, el Ministerio Público Fiscal, representado por el Dr. Julián de la Colina, había solicitado la pena máxima prevista para este tipo de hechos, lo que fue avalado por el tribunal, tras valorar de manera concluyente el material probatorio.
El hecho se desarrolló a lo largo de varios años, en distintos contextos, y consistió en actos de índole sexual que afectaron gravemente a la víctima, sin acceso carnal. La prueba clave fue la declaración brindada por la niña en Cámara Gesell ante la psicóloga oficial, quien informó la veracidad y consistencia del testimonio, descartando cualquier tipo de inducción o falsedad. También fueron valoradas otras declaraciones que situaron al acusado en los lugares y momentos señalados.
Además de la condena, la jueza López resolvió aplicar la inhabilitación absoluta del condenado por el mismo plazo de la pena, y la suspensión del ejercicio de la patria potestad, administración y disposición de bienes, conforme al artículo 12 del Código Penal.
En atención al interés superior de la niña y al marco normativo que resguarda los derechos de la infancia —incluyendo la Convención Internacional de los Derechos del Niño y las leyes N° 26.061, 8.066 y 8.100— se dispusieron medidas complementarias orientadas a su protección y recuperación. Entre ellas, el acceso urgente a un tratamiento psicológico gratuito y permanente, con libre elección del establecimiento de salud por parte de los progenitores, y la imposición de una restricción perimetral respecto del condenado, medida que persistirá aun cuando la víctima alcance la mayoría de edad.
Asimismo, se ordenó que el condenado acceda durante su privación de libertad a un tratamiento psicológico continuo, con el objetivo de erradicar conductas lesivas y favorecer su eventual reintegración social sin riesgos para terceros. La supervisión de este proceso estará a cargo del Juzgado de Ejecución Penal, en articulación con el Patronato de Liberados y la Unidad de Asistencia a la Víctima del Ministerio Público Fiscal.
También se hizo lugar a los planteos presentados durante el debate oral por la Defensora de Niños, Niñas y Adolescentes, Dra. María Cuello, y por la querellante Dra. Norma Montaña, representante legal de los progenitores de la víctima.