El expresidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez renunció ante el Tribunal Superior de Bogotá a la prescripción de su proceso penal por delitos de soborno a testigos y fraude procesal.
Se trata de una acción legal que establece un límite temporal a los litigios y que determina que después de cierta cantidad de años el Estado no puede juzgar ni sancionar a alguien debido a que la acción penal “caducó”.
“A pesar de que la ley me otorga un camino corto y sencillo para salir de este tortuoso proceso, no puedo aceptarlo, pues, aún con el peso de la injusta condena y estando mi libertad en juego, no puedo declinar el camino de la verdad”, señaló el exmandatario en un documento radicado ante el Tribunal Superior de Bogotá y dirigido al magistrado Manuel Antonio Merchán.
El pasado 1 de agosto, Uribe fue condenado, en primera instancia por la jueza Sandra Heredia, a 12 años de prisión domiciliaria en su residencia en el municipio de Rionegro, departamento de Antioquia (noroeste), tras ser hallado culpable de soborno en actuación penal y fraude procesal.
El 19 de agosto pasado, el Tribunal Superior de Bogotá ordenó su libertad inmediata hasta que se defina la segunda instancia del fallo condenatorio. El plazo para que el tribunal tomara esta decisión, con la cual se ratifica o se anula la condena impuesta, se cumpliría el 16 de octubre de 2025.
En este sentido, Uribe afirmó en su misiva: «No puedo privarle la oportunidad a la Sala de tener las condiciones materiales mínimas para proferir un fallo análisis que, independientemente de su sentido, sea el resultado de un sereno, ponderado e integral de la prueba”.
Con la renuncia del expresidente al recurso de prescripción del proceso, se elimina el límite temporal para que el Tribunal ofrezca un fallo de fondo. Jaime Granados, abogado defensor del expresidente, explicó a medios locales que la decisión de renunciar a la prescripción fue tomada por el mismo Uribe y que busca que el Tribunal estudie con el tiempo necesario la extensa apelación hecha por la defensa.
“El tema de la apelación de fondo requiere espacio, tiempo, pero como este es un tema muy personal, tenía que nacer de la iniciativa del expresidente, que es el que está renunciando al derecho, él está convencido y de manera enfática nos pidió que lo hiciéramos”, expresó Granados, citado en el informe de la agencia de noticias Xinhua.
La jueza Heredia también inhabilitó a Uribe para ocupar cargos públicos durante 100 meses y 20 días e impuso una multa al expresidente de 2.420 salarios mínimos legales mensuales vigentes, unos 3.400 millones de pesos colombianos (alrededor de 824.000 dólares).