El recurso se interpuso a favor de una mujer con problemas de salud mental cuya pensión fue suspendida por Nación. El gobernador Ricardo Quintela dispuso asesoramiento legal gratuito y ya se avanza en un amparo colectivo para restituir los beneficios.
La provincia de La Rioja dio este lunes el primer paso hacia la judicialización de los casos de bajas de pensiones por discapacidad, consideradas un grave retroceso en materia de derechos. Ante la Justicia Federal se presentó el primer amparo individual en favor de una mujer con afecciones de salud mental que vio suspendida su pensión por decisión del Gobierno nacional.
El gobernador Ricardo Quintela instruyó a los asesores legales del Estado provincial a brindar acompañamiento jurídico gratuito a las personas afectadas por la quita de pensiones dispuesta por la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), bajo la conducción del presidente Javier Milei.
El recurso de amparo con medida cautelar fue presentado por los abogados Marcos Rodríguez y Ana Astorga, quienes patrocinan a una vecina de la Capital riojana. El objetivo es restituir el beneficio de manera retroactiva.