Según el decreto 647/2025, el veto se fundamenta en la falta de previsión presupuestaria y el riesgo de un desequilibrio fiscal, dado que la ley proponía aumentos en los salarios docentes, becas y programas de bienestar estudiantil sin contar con fuentes de financiamiento adecuadas.
El proyecto vetado contemplaba la actualización de los gastos de funcionamiento de las universidades públicas, la ampliación de la oferta de carreras, la inversión en infraestructura y tecnología digital, el impulso a la investigación y la extensión universitaria, así como programas de internacionalización inclusiva y fortalecimiento del personal universitario.
El Gobierno advirtió que, si bien el objetivo del proyecto era proteger y sostener la educación universitaria pública en todo el territorio argentino, no existían mecanismos financieros que garantizaran la implementación de todas las medidas previstas, por lo que decidió vetar la norma en su totalidad.
Tras el anuncio del veto, la Federación de Docentes de las Universidades Nacionales (FEDUN) había comunicado que, en caso de confirmarse la medida, realizaría un paro de 24 horas el viernes 12 de septiembre en todas las universidades del país, en defensa de la educación pública y los derechos del personal docente.