El Gobierno promulga la ley de discapacidad, pero mete freno: quiere postergar su aplicación hasta después del Presupuesto 2026. Todos los detalles.
Luego de semanas de tensión política, promesas de judicialización y cruces con la oposición, el Gobierno nacional finalmente cedió. El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, confirmó que la Ley de Emergencia en Discapacidad será promulgada, aunque su implementación efectiva dependerá del debate presupuestario que recién empieza.
“El Poder Ejecutivo la va a promulgar”, dijo Francos en diálogo con Clarín. Sin embargo, dejó en claro que la intención oficial es demorar su aplicación hasta que se discuta el Presupuesto 2026, que será enviado al Congreso esta misma semana.
Qué cambia tras el veto de Milei
El presidente Javier Milei había vetado la ley en julio, asegurando que la norma tenía un alto costo fiscal. Incluso advirtió que, si el Congreso insistía con su aprobación —como finalmente ocurrió—, el Ejecutivo la judicializaría.
Pero en un giro inesperado, Francos descartó esa vía y explicó que, si bien la norma será publicada, se dictará un decreto reglamentario que pondrá el foco en cómo se financiará su implementación: “Me tienen que decir a quién le sacamos. ¿A los jubilados y lo pasamos a discapacidad?”, chicaneó el funcionario.
Una demora con estrategia electoral
Según explicó el jefe de Gabinete, el plan oficial es debatir con la oposición el origen de los fondos necesarios para aplicar la ley. Ese debate se dará, según afirmó, en el marco del análisis del Presupuesto 2026, lo que implica una postergación hasta fin de año o incluso 2026.
“Van a tener presupuesto a partir de este lunes. Fíjense dentro del presupuesto nacional cómo hacemos para pagar esto”, lanzó Francos, deslizando que el tema quedará atado al debate fiscal más amplio.
Qué dice la Ley de Emergencia en Discapacidad
La norma establece una serie de medidas urgentes para garantizar derechos de las personas con discapacidad y regularizar el funcionamiento del sistema.
Principales puntos de la ley:
Pagos y aranceles actualizados: busca saldar deudas con prestadores y ajustar los aranceles mensualmente por inflación.
Pensiones no contributivas: se reformará el sistema para garantizar el financiamiento y revisar condiciones de otorgamiento.
Base de datos y auditorías: ANDIS deberá mejorar el sistema de gestión y realizar auditorías.
Actualización del CUD: se modificarán los criterios para otorgar el Certificado Único de Discapacidad.
Transparencia y seguimiento: el Gobierno deberá informar públicamente sobre gastos y políticas en el área.
Talleres protegidos y centros de día: la ley garantiza fondos y funcionamiento continuo de estos espacios.
Cupo laboral: se reafirma la obligación del Estado de cumplir el cupo del 4% para personas con discapacidad.
El trasfondo político: presión social y crisis de gestión
La decisión del Gobierno llega en medio de un escenario político tenso, atravesado por las denuncias de corrupción, el desgaste tras la derrota electoral en la provincia de Buenos Aires y una creciente presión de sectores sociales vinculados a la discapacidad.Local classifieds
Francos intentó justificar la postura oficial señalando que detrás de la insistencia legislativa hay una estrategia opositora para atacar el equilibrio fiscal, una de las banderas del Ejecutivo: “Esto fue una acción política deliberada contra un Gobierno que tiene una acción política también muy clara hacia dónde quiere ir”.