Diez días después de la derrota electoral de Javier Milei en la provincia de Buenos Aires, el juez federal Ariel Lijo resolvió declarar la incompetencia de su colega María Servini en la investigación del “caso $LIBRA” y remitió el expediente a Marcelo Martínez de Giorgi.
La medida se tomó en carácter de subrogante, ya que Servini está de licencia. Para Lijo, existía una “mancomunidad probatoria y de personas imputadas” con otra causa ya en manos de Martínez de Giorgi, que investiga a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.
Un expediente que no deja de moverse
La decisión de Lijo marca el tercer traspaso de manos del caso desde su apertura en febrero pasado. Primero, la disputa había sido entre la jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, y la propia Servini, que se había quedado con la competencia.
Ahora, el expediente queda bajo control del Juzgado Federal N° 8, que conduce Martínez de Giorgi, junto con el fiscal Eduardo Taiano.
Las sospechas sobre Karina Milei
La denuncia original fue presentada por los diputados de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro y Mónica Frade. Ambos señalaron a Karina Milei por presuntos delitos de cohecho, tráfico de influencias y violaciones a la Ley de Ética Pública.
Los legisladores remarcaron que, como secretaria general y hermana del Presidente, Karina Milei tenía control sobre la agenda de encuentros oficiales. Según la denuncia, habrían existido pedidos de sobornos vinculados al proyecto cripto $LIBRA.
Chats y nombres que aparecen en la causa
En el expediente figuran supuestas conversaciones privadas que luego se filtraron, en las que se la mencionaba como la funcionaria que pedía coimas. Uno de los primeros en señalarlo fue el trader estadounidense Hayden Davis.
Registros oficiales marcan al menos nueve ingresos de Davis a la Casa Rosada desde junio de 2024. En julio de ese año, además, volvió a ingresar acompañado por Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, otros empresarios vinculados al proyecto.
Otro golpe para la Casa Rosada
Martínez de Giorgi se queda así con uno de los expedientes más sensibles para la gestión libertaria, apenas semanas después de recibir otro caso incómodo: el patrimonio no declarado en Estados Unidos de Andrés Vázquez, titular de la Dirección General Impositiva.
Con este nuevo movimiento judicial, la investigación sobre el colapso de $LIBRA y las sospechas de corrupción alrededor del círculo íntimo del Presidente quedan concentradas en un solo juzgado.