La familia Kovalivker intentó frenar la causa por coimas en Andis, pero el fiscal Picardi denunció maniobra para entorpecer la investigación y la Justicia avanza.
El fiscal Franco Picardi desestimó el planteo y lo calificó de “contradictorio, carente de sustento y orientado a entorpecer la investigación”. En un dictamen de 32 páginas, sostuvo que la denuncia inicial, presentada por el abogado Gregorio Dalbón, tenía elementos suficientes más allá de las grabaciones. Recordó además que el Gobierno apartó de sus cargos al exdirector de Andis, Diego Spagnuolo, y a Daniel Garbellini, como señal de la seriedad de las acusaciones.
Los audios y las pruebas en juego
Según la fiscalía, los audios —difundidos en medios y entregados luego por el periodista Mauro Federico— mostraban a Spagnuolo aludiendo a un esquema de corrupción con participación de droguerías, entre ellas Suizo Argentina. En las conversaciones se mencionan a funcionarios de la Secretaría General de la Presidencia, entre ellos Karina Milei y Eduardo “Lule” Menem.
Picardi remarcó que Spagnuolo, como funcionario público, tenía limitada expectativa de privacidad, más aún al hablar en ámbitos públicos. Sostuvo que el exdirector relató lo mismo a varios testigos, como el consultor Fernando Cerimedo, lo que refuerza la validez de los dichos.
El rol de la familia Kovalivker
La defensa de los Kovalivker no se limitó a los cuestionamientos legales: en los primeros allanamientos, uno de los hermanos fue encontrado con USD 266.000 y siete millones de pesos en efectivo, mientras que la empresa resistió entregar correos y servidores, lo que complicó aún más su situación.
Ahora, el juez Sebastián Casanello deberá resolver el planteo de nulidad, aunque todo indica que seguirá la línea de la fiscalía. La querella de Poder Ciudadano también pidió rechazar el recurso, recordando que en casos de posible corrupción los funcionarios tienen un umbral de intimidad mucho más reducido.