El flamante proyecto de presupuesto del Gobierno contempla la creación de una “canasta higiénica menstrual” destinada a mujeres y personas menstruantes en situación de vulnerabilidad económica, de entre 12 y 50 años de edad.
La medida alcanzará a unas 80.000 mujeres, niñas y adolescentes titulares de la Tarjeta Uruguay Social.
La diputada suplente por el Partido Colorado María Eugenia Roselló se refirió a la inclusión en el presupuesto quinquenal de la canasta higiénica menstrual, su primer proyecto de ley –que presentó en 2020– y que fuera aprobado en setiembre del 2024 y promulgada como ley Nº 20.375.
“Es un tema que yo venía hablando con el ministro Gonzalo Civila, que siempre tuvo la cercanía y la empatía de escucharme. Hemos hablado por teléfono y nos hemos reunirnos por este tema. Para mí siempre fue un tema muy importante. Estamos muy contentos que a partir del 2026 podamos contar con la aplicación de esta ley”, señaló.
La canasta higiénica menstrual aumentará de forma gradual a partir de 2026. Al comienzo se destinarán 96 millones de pesos anuales, luego 98, después 100, hasta llegar a 181 millones de pesos.
“Esto le va a cambiar la vida a muchas mujeres, niñas y adolescentes de contextos vulnerables de todo el país, que reciban la tarjeta Uruguay Social. Van a poder adquirir estos productos de gestión menstrual que hoy en día no tienen cómo adquirirlos o deben elegir si compran comida o adquieren estos productos, porque realmente son muy caros en Uruguay. No olvidemos que además tienen un IVA, como si fueran productos de perfumería, por lo tanto eso también los encarece”, sostuvo.
La partida estimada es de 1.300 pesos por año, por integrante de cada familia que esté en la edad de menstruar. El cálculo fue en base a los costos de los comercios de barrio y en base a la cantidad de productos que se utilizan mensualmente.
Roselló aclaró que son toallas higiénicas menstruales y no están incluidos los tampones ni las copitas mensuales. Se estima que la iniciativa beneficiará a 80.000 mujeres de bajos recursos.
La actual legisladora suplente explicó que la canasta es en dinero, no en productos. “Pensamos que era lo mejor entregarles el dinero porque además el MIDES cuenta, del periodo pasado, con una aplicación. Nosotros entendemos que de esa manera se va a poder fiscalizar que efectivamente se ha comprado este producto. Además, por una cuestión de que no impacte tampoco al comercio del barrio que es donde se compran estos productos. Si nosotros le damos el producto le estamos quitando la posibilidad de venta a ese comerciante y tampoco era la idea”, subrayó.