El fiscal federal Eduardo Taiano solicitó elevar a juicio la causa en la que investigó al policía acusado de rociar con gas pimienta y herir a una chica de 10 años durante la movilización frente al Congreso, ocurrida el 11 de septiembre del año pasado, cuando el Gobierno logró sostener el veto del presidente Javier Milei contra la nueva fórmula de movilidad jubilatoria.
El policía acusado es Cristian Miguel Rivaldi, de 38 años, que presta servicios en la División Operaciones Urbanas de Contención de Actividades Deportivas (DOCUAD). En julio de este año, la Cámara Federal confirmó su procesamiento por haber rociado deliberadamente con un gas irritante a Fabrizia Pegoraro, la menor, y también a su madre, Carla Mariana Pegoraro.
El fiscal Taiano acusa a Rivaldi de abuso de autoridad en concurso ideal con el delito de lesiones leves, puesto que la nena acabó con un cuadro de conjuntivitis química, de acuerdo con las constancias aportadas por el Hospital Oftalmológico Santa Lucía.
De acuerdo al requerimiento de elevación, para el fiscal quedó acreditado que Rivaldi “utilizó el disuasivo presurizado orgánico que tuvo asignado y roció, de forma desmedida e injustificada, y a una corta distancia, a las víctimas que se hallaban sentadas en la vía pública sin agredir a la autoridad ni ofrecer resistencia alguna”, señala en el requerimiento de elevación.
“Al estimar completa la instrucción del caso -agregó- solicito se eleven a juicio oral las actuaciones seguidas respecto de Cristian Miguel Rivaldi”. Ahora, el juez que lleva la causa, Sebastián Ramos, deberá decidir si eleve el caso a juicio oral.
En la tarde de los hechos, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, evitó referirse al accionar de las fuerzas y apuntó con un tuit contra la madre de la chica. “La responsabilidad de llevar a una nena de 10 años a una marcha rodeada de personas violentas es responsabilidad de esta madre irresponsable”, dijo la funcionaria, en respuesta a un informe crítico de Amnistía Internacional que sostenía que los “niños no pueden ser blanco de gases e impactos de balas”.
La movilización de aquel día frente al Congreso estuvo marcada por los desmanes. Dio un vuelco cuando, dentro del recinto y con la ayuda de un grupo de radicales que cambiaron el sentido de su voto, el Gobierno consiguió sostener el veto presidencial contra la nueva fórmula jubilatoria, que buscaba recomponer los habares.
Apenas seis minutos de concluida la votación, un grupo de manifestantes logró vencer el vallado que protegía la entrada del Congreso sobre la avenida Rivadavia. Algunos de ellos, incluso, alcanzaron a golpear las puertas que el edificio parlamentario tiene sobre esa avenida.
Pero en cuestión de segundos un cordón de uniformados avanzó hasta la puerta haciendo retroceder al pequeño grupo que ya golpeaba las puertas del Congreso, dando inicio a una avanzada policial que recuperó el control de la calle y terminó con la desconcentración.
En su declaración ante la Justicia, el policía Rivaldi negó el hecho que se le imputa. Reconoció haber utilizado el gas como elemento disuasivo luego de comenzados los desmanes sobre la avenida Rivadavia, pero sostuvo ante el fiscal y el juez que nunca roció con gas a la chica y que solo se enteró del hecho al día siguiente, en las noticias. Agregó que de haber visto a la menor la habría apartado del foco de conflicto.
Entre el material recabado por la fiscalía hay imágenes, notas periodísticas y un video que captó el momento exacto de la agresión, grabado por el medio La Política Online.
“Las imágenes son elocuentes -dice el fiscal en su escrito- y demuestran que Rivaldi, además de apuntar al hombre con bastón, también apuntó a las mujeres que se hallaban sentadas. La actitud de la niña es nítida, pues tras recibir el gas en su cara intuitivamente se cubre, y además es notoria la mancha que queda en la parte trasera de la campera azul de su madre tras el rociamiento”.
El accionar de las fuerzas de seguridad volvería a quedar marcado en la movilización del 12 de marzo de este año, en la que el fotógrafo Pablo Grillo fue alcanzado por un proyectil de gas lacrimógeno y quedó luchando por su vida en el Hospital Ramos Mejía.
Héctor Jesús Guerrero, el gendarme que realizó el tiro de manera irregular -sin trazar una parábola, como indica el manual de uso del arma-, fue procesado por la Justicia en octubre, por el delito de abuso de armas agravado, en una causa en la que también interviene el fiscal Taiano.