La Defensoría de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes busca que se garantice la salud de los pacientes y se declare inconstitucional el decreto que condiciona la implementación de la Ley de Emergencia Pediátrica.
La Defensoría de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Nación presentó un amparo colectivo contra el Poder Ejecutivo Nacional tras condicionar la promulgación de la Ley de Emergencia Pediátrica N° 27.796. El escrito, firmado por el apoderado Nicolás Sergio Sipioni, solicita que se garantice el derecho a la salud de los pacientes del Hospital Garrahan y se declare inconstitucional el Decreto N° 760/2025, que supeditó la implementación de la ley a la identificación de partidas presupuestarias por parte del Congreso.
“El PEN incurrió en un comportamiento arbitrario y la promulgó sujeta a condicionamientos previos que contradicen palmariamente los alcances del art. 83 de nuestra Constitución Nacional”, sostiene el escrito. “Si el PEN está obligado a promulgar una ley cuya sanción fue insistida por el Congreso, entonces corresponde inferir que está obligado a promulgarla sin condicionamiento alguno”, agrega.
El amparo solicita la reasignación inmediata de partidas presupuestarias al Ministerio de Salud y la conformación urgente de la “Comisión de seguimiento y evaluación” prevista en la ley, bajo apercibimiento de astreintes, multas diarias para los funcionarios responsables en caso de incumplimiento.
“El artículo 5 de la ley establece: ‘El Poder Ejecutivo Nacional reasignará partidas presupuestarias correspondientes al Ministerio de Salud, dentro del ejercicio fiscal vigente y podrá ampliar los recursos mediante el uso de reservas destinadas a contingencias sanitarias’”, indica el escrito, que advierte que los pacientes del Hospital Garrahan constituyen un grupo en doble situación de vulnerabilidad, por su edad y por las enfermedades que atraviesan.
“Solo puede haber una respuesta posible: o el art. 1 del Decreto N° 760/2025 es inconstitucional por obstaculizar la ejecución de una Ley que, luego de ser vetada, volvió a ser votada por el Congreso de la Nación conforme el procedimiento que establece el art. 80 CN. O, en cambio, dicho artículo es constitucional y no existe incumplimiento alguno por parte del PEN. No hay grises”, enfatiza el escrito. La Defensoría advierte que la demora en la ejecución de la ley genera “perjuicios de imposible o muy dificultosa reparación ulterior porque impacta directamente en la calidad del servicio de salud que el Htal. Garrahan ofrece a menores de edad que se encuentran atravesando graves cuadros de salud y requieren tratamientos costosos y complejos”.
El escrito también anticipa la intención de recurrir a la Corte Suprema si se rechazaran las pretensiones y solicita que la causa se inscriba en el Registro Público de Procesos Colectivos. Finalmente, reclama la admisión del amparo, la declaración de inconstitucionalidad del decreto, la reasignación presupuestaria inmediata y la habilitación de la vía federal para recurrir ante la Corte Suprema.