Las víctimas de ciberdelitos podrán iniciar el trámite sin abogado en las oficinas de la Subsecretaría de Comercio Interior y Defensa al Consumidor, tanto en Capital como en 11 delegaciones del interior, presentando la denuncia policial y la evidencia del fraude. También se habilitaron vías telefónicas y por correo electrónico para quienes no puedan asistir de manera presencial.
El Gobierno de La Rioja, a través de la Subsecretaría de Comercio Interior y Defensa al Consumidor, recordó que las personas afectadas por estafas o delitos virtuales pueden realizar denuncias de manera gratuita, sin necesidad de contar con asesoramiento legal, en la ciudad Capital y en las delegaciones del interior provincial.
Los consumidores que hayan sufrido accesos indebidos a cuentas personales, compras realizadas por terceros, o la obtención de préstamos o tarjetas a su nombre sin consentimiento, pueden iniciar el trámite presentando la denuncia policial correspondiente. La subsecretaria de Comercio Interior y Defensa al Consumidor, Jimena Espinosa, explicó que “el trámite es sencillo y gratuito, no se necesita abogado”.
Procedimiento
El procedimiento comienza con la denuncia en el Área de Delitos Económicos de la Policía de la Provincia en Capital o en las dependencias policiales del interior. Luego, con una copia de esa denuncia y todos los elementos probatorios disponibles —como correos electrónicos, chats o comprobantes de operaciones—, el damnificado debe acercarse a las oficinas de Defensa al Consumidor para ingresar el reclamo correspondiente.
Para quienes no puedan presentarse de manera presencial, las denuncias también se pueden realizar a través del teléfono 380-4453071 o mediante correo electrónico a defensadelconsumidor@larioja.gob.ar.
Vías de reclamo
Espinosa destacó que, ante una estafa virtual, pueden existir dos vías de reclamo: la judicial, al tratarse de un delito penal, y la administrativa, en caso de incumplimiento por parte de entidades financieras. “Los bancos y las entidades deben responder por la seguridad de sus usuarios. La Ley de Defensa del Consumidor establece el deber de seguridad que estas instituciones tienen con sus clientes”, puntualizó la funcionaria.