La Justicia laboral le puso un límite al silencio del Gobierno. El Juzgado Nacional del Trabajo N°10 ordenó al Ministerio de Capital Humano, que encabeza Sandra Pettovello, que en un plazo de tres días informe las razones por las cuales no se convoca al Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil.
Las dos CTA, encabezadas por Hugo Godoy y Hugo Yasky, denunciaron que el Gobierno incumple con la ley que obliga a convocar al Consejo cada dos meses. Desde marzo no se realiza una reunión, lo que implica, según los sindicatos, una violación del derecho al diálogo social y del artículo 14 bis de la Constitución Nacional.
“El salario mínimo no puede ser una decisión unilateral del Ejecutivo”, remarcó Yasky, apuntando directamente a Pettovello. Los gremios exigen que se retome la negociación institucional y que los montos sean actualizados de acuerdo con el costo de vida, en un contexto de inflación persistente y pérdida del poder adquisitivo.
La última reunión del Consejo del Salario fue hace seis meses.
Pettovello, una funcionaria blindada pero bajo presión
En el Gobierno, Pettovello es una de las ministras más protegidas por Javier Milei, pese a las múltiples controversias que enfrentó en los últimos meses. Sin embargo, la orden judicial pone bajo la lupa su manejo del área social y laboral, especialmente el congelamiento de instancias de diálogo con los sectores productivos.
La última actualización del salario mínimo fue fijada de manera unilateral por el Ministerio mediante la Resolución 5/2025, sin acuerdo tripartito. Para las centrales obreras, esa decisión carece de legitimidad y vulnera los estándares de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
El Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil es un ámbito institucional permanente de diálogo entre representantes de los trabajadores, empleadores, el Estado Nacional y el Consejo Federal del Trabajo (gobiernos provinciales).
Sus miembros evalúan temas referidos a las relaciones laborales como redistribución del ingreso, asistencia a desempleados, generación de empleo genuino y decente y combate al trabajo no registrado, entre otros, según establece su decreto de creación, el 1095/2004.
La resolución del Juzgado Nacional del Trabajo N°10 no solo exige explicaciones, sino que reabre el debate sobre el rol del Estado en la regulación de los salarios. En apenas tres días, Pettovello deberá justificar la inacción del Consejo, un gesto que podría derivar en nuevas medidas judiciales si no se cumplen los plazos.
Mientras tanto, los gremios preparan nuevas acciones si el Gobierno no convoca al Consejo. «La omisión injustificada en la aprobación de la metodología para definir la canasta básica, sumada a la falta de observancia de criterios objetivos y a la arbitrariedad y unilateralidad con que se ha venido fijando el salario mínimo, vital y móvil, ha dado como resultado la irrisoria suma de $322.000», advirtieron desde las centrales.