El Gobierno nacional avanzó con una reforma profunda en la regulación del sector vitivinícola y derogó 973 normas que regían la producción, industrialización y comercialización del vino en la Argentina. La medida quedó oficializada mediante la Resolución 37/2025, publicada en el Boletín Oficial, y fue impulsada por el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) junto con la Secretaría de Agricultura y el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado.
Según el Ejecutivo, la modificación apunta a simplificar trámites, reducir costos operativos y adecuar el sistema a estándares internacionales, en una industria que reúne a miles de productores y mueve más de 900 millones de litros por año.
Hasta ahora, el Estado intervenía en todas las etapas del proceso: desde el viñedo y la cosecha hasta la elaboración y el transporte. Con la reforma, esa fiscalización deja de existir y el INV se concentrará exclusivamente en el control del producto final.
Qué significa en la práctica:
- No habrá inspecciones en los procesos intermedios.
- El control se centrará en verificar que el vino final sea apto para el consumo y no esté adulterado.
- Se reduce el volumen de inspecciones presenciales, que rondaban 5.000 por año.
- Cambios para bodegas y productores
- La modificación alcanza a productores primarios, bodegas, elaboradores artesanales, fábricas de mosto, elaboradores de vinos caseros, plantas fraccionadoras y laboratorios habilitados.
Eliminación de trámites y permisos
- Se elimina la Declaración Jurada semanal de elaboración.
- Desaparecen multas por presentaciones fuera de término.
- Se quitan los permisos de tránsito, que sumaban más de 140.000 trámites al año.
- La Certificación de origen, añada y varietal pasa a ser optativa.
- Para el comercio internacional, sin embargo, el INV continuará emitiendo certificaciones cuando lo exijan los países compradores.
Argumentos oficiales
La resolución fue firmada por el presidente del INV, Carlos Tizio, y acompañada por el ministro Federico Sturzenegger, quien celebró públicamente la medida. “La Resolución deroga 973 normas y redefine completamente el rol del organismo. Es un imperativo darle flexibilidad a una industria que debe adaptarse a cambios globales”, expresó Sturzenegger.
El Gobierno sostiene que la simplificación reduce espacios para la discrecionalidad y, con ello, el riesgo de corrupción en las fiscalizaciones.
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El nuevo régimen comenzará a funcionar plenamente desde el 1 de enero de 2026, aunque el proceso de adecuación administrativa ya está en marcha. La reorganización del INV también incorpora nuevas prácticas enológicas, como la desalcoholización del vino y el uso de ácido fumárico.