Tras la cumbre de emergencia realizada en 9 de Julio por las inundaciones, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, volvió a quedar en el centro de la polémica al proponer que el mantenimiento de los caminos rurales quede en manos de los propios vecinos.
La iniciativa, que la funcionaria definió como un cambio “radical” en el manejo de la tasa vial, generó malestar entre intendentes y entidades agropecuarias que reclaman una coordinación más efectiva entre Nación y Provincia para reactivar las obras hídricas del Plan Maestro del Río Salado.
“Es importante pensar que se armen consorcios de vecinos, que ellos mismos administren la tasa vial. La van a administrar mucho mejor, porque muchas tasas viales pagan gastos corrientes de las intendencias y eso no es bueno”, sostuvo Bullrich en declaraciones televisivas.
La ministra adelantó que impulsará una nueva ley provincial junto a legisladores aliados para formalizar este esquema. Según explicó, la idea surgió tras el encuentro del sábado pasado, donde productores y funcionarios locales plantearon que las vías del ferrocarril fueron elevadas sobre el nivel del suelo, mientras que los caminos rurales permanecen a nivel y son los primeros en inundarse.
Reclamos por las obras paralizadas del Plan Maestro
Mientras tanto, el Consejo Asesor del Plan Maestro del Río Salado —integrado por Carbap, Federación Agraria, Coninagro, Sociedad Rural Argentina y la Unión Industrial Argentina— insistió en la necesidad de que Nación y Provincia coordinen los tiempos de ejecución de los tramos pendientes.
Alberto Larrañaga, presidente del Consejo y titular de la Comisión de Aguas de Carbap, advirtió que las demoras entre una y otra jurisdicción “eternizan las obras” y agravan la situación de las zonas productivas que siguen bajo agua. “Las obras deben articularse con seriedad, sin especulaciones ni mezquindad entre Nación y Provincia”, afirmó.
Según Larrañaga, mientras el gobierno nacional reanudó parcialmente el dragado del Tramo IV.2, la provincia debería avanzar con la licitación del Tramo V. “Se trata de una cuestión de sentido común y responsabilidad”, remarcó, al señalar que la falta de sincronización podría demorar más de un año la continuidad de los trabajos.
Fondos subejecutados y demoras estructurales
El Plan Maestro, que apunta a reducir el impacto de las inundaciones y recuperar millones de hectáreas productivas, tiene un presupuesto superior a los 25.000 millones de pesos para la Etapa IV. Sin embargo, el avance real es mínimo: el Fondo Hídrico de Infraestructura solo ejecutó el 7,45% de los $175.000 millones asignados entre 2024 y el primer trimestre de 2025, según el Presupuesto Abierto del Ministerio de Economía.
“Esto requiere continuidad sin pausas, porque el Plan Maestro no termina en el dragado del Salado. Precisa obras complementarias como las del Nodo Bragado y el Saladillo-Vallimanca para darle sentido integral al proyecto”, subrayó Larrañaga.
La propuesta de Bullrich de “consorcios vecinales” fue interpretada por sectores rurales como un intento de trasladar la responsabilidad estatal hacia los productores. Desde Carbap expresaron: “Seguimos insistiendo en la importancia de políticas públicas que acompañen y fortalezcan al campo y a las comunidades rurales”.
En redes sociales, las críticas apuntaron a que el Estado no puede desentenderse de una función básica como el mantenimiento de caminos, especialmente en regiones que siguen esperando obras prometidas hace más de una década: es “indignante” y “parece que a sus votantes les puede decir cualquier pavada”, fueron algunos de los comentarios.