El Juzgado de Instrucción en lo Criminal y Correccional N.º 3 de la Primera Circunscripción Judicial, con sede en la ciudad de La Rioja, a cargo de la jueza Dra. María Eugenia Torres, resolvió rechazar el planteo de nulidad absoluta y de inconstitucionalidad presentado por la defensa penal pública de Fabricio M. C., imputado en una causa por homicidio simple.
La presentación, realizada por la defensa técnica, cuestionaba la validez del decreto de apertura de instrucción y sostenía que la acción penal no habría sido promovida por el Ministerio Público Fiscal conforme a los artículos del Código Procesal Penal. También solicitaba declarar la inconstitucionalidad de la Instrucción General N.º 13/2006 de Fiscalía General.
Tras correrse vista a las partes, la representante del Ministerio Público Fiscal, Dra. Nadia Schargrodsky, dictaminó que el planteo de nulidad debía ser rechazado. Argumentó que la apertura de la investigación se realizó conforme a derecho y que, aun ante sumarios de prevención policial, el sistema procesal vigente autoriza el inicio de actuaciones con comunicación inmediata al fiscal, garantizando su intervención posterior.
En su análisis, la jueza Torres sostuvo que el sistema procesal penal provincial adopta un modelo mixto, en el cual la etapa de instrucción está a cargo del juez con el debido control del Ministerio Público Fiscal. Explicó que la jurisdicción puede ser válidamente a través de la requisitoria fiscal, una denuncia o la prevención policial, conforme lo prevé el artículo 206 del Código Procesal Penal. Señaló además que la prevención policial constituye un acto promotor legítimo para el inicio de la investigación, tal como lo establecen los acuerdos del TSJ y la doctrina sentada en el precedente “Fuentes, Nelson Gastón”.
Destacó que la defensa no demostró la existencia de un perjuicio concreto que habilite la declaración de nulidad, requisito exigido por la jurisprudencia nacional en materia de nulidades procesales.
Finalmente, la Magistrada resolvió rechazar el planteo de nulidad formulado por la defensa, rechazar el planteo de inconstitucionalidad, indicando que su discusión corresponde a la competencia originaria del TSJ, impuso las costas al acusado, y reguló honorarios profesionales a los abogados defensores conforme la Ley de Aranceles vigente.
Con esta decisión, la causa continúa su trámite procesal hacia las instancias previstas en el Código Procesal Penal, garantizando la participación de todas las partes y la continuidad del control judicial y fiscal.