El proyecto presentado por la diputada de Unión por la Patria, Lucía Klug, para crear la Tasa Ambiental sobre el Metano en Buenos Aires (TAMBA) abrió una fuerte tensión política y encendió el malestar del campo. La iniciativa propone gravar las emisiones de metano del ganado y destinar lo recaudado a un fondo fiduciario para programas ambientales, pero el planteo provocó un rechazo inmediato de productores, legisladores y entidades rurales, que lo consideran inviable y sin sustento técnico.
El diputado bonaerense de la Coalición Cívica, Luciano Bugallo, fue uno de los primeros en salir a cuestionarla. Sostuvo que el proyecto “llega al límite del absurdo” y que intenta “convertir a una vaca en un nuevo sujeto imponible”. Para el legislador, no existe “un método práctico, económico ni verificable” que permita medir el metano que emite cada animal, motivo por el cual —advirtió— se trata de una tasa “que no se puede medir, ni auditar, ni comprobar”.
El agro salió a responder en bloque
El rechazo del sector fue inmediato. Desde la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap), su presidente, Ignacio Kovarsky, remarcó: “Cobrar por respirar a las vacas no reduce emisiones, reduce producción”.
En un posteo en X, la entidad lanzó además una chicana dirigida a la improvisación legislativa: “el metano se mide; la improvisación legislativa también… y emite mucho más. ¿Por qué no pensar una tasa para los legisladores improvisados?”. Carbap sostuvo que la propuesta carece de “sentido y sustento técnico” y cuestionó que la legisladora no consultara a ninguna organización antes de avanzar con el texto.
Carbap también planteó que la ganadería ya enfrenta una de las “presiones impositivas más altas del país” y que la incorporación de una nueva tasa afectaría directamente a pequeños y medianos productores, reduciendo competitividad y empleo. En diálogo con la prensa, Kovarsky fue tajante: el proyecto “no es una ley ambiental, es un impuesto encubierto al trabajo rural”. También afirmó que “la TAMBA no mejora el ambiente ni reduce emisiones. Solo agrega otro costo a un sector que ya sostiene una carga impositiva récord”.
En su crítica, Bugallo también apuntó contra las prioridades ambientales de la Provincia. Señaló que mientras se discute gravar al ganado, siguen sin resolverse problemas estructurales como la falta de cloacas en zonas vulnerables, los vertidos industriales clandestinos y los basurales a cielo abierto. “Incentivar, no seguir metiendo la mano en el bolsillo del productor”, reclamó el diputado.
Qué propone el proyecto de Klug
La iniciativa de Klug fundamenta la TAMBA en el principio de Responsabilidad Extendida del Productor y prevé que el monto se calcule según los kilos de CO₂ equivalente generados por cada establecimiento según su stock animal. Argumenta que Buenos Aires aporta el 25% de las emisiones nacionales de gases de efecto invernadero y que el 27% corresponde al metano, de los cuales el 19% proviene de la ganadería y el 6% de la gestión de residuos sólidos urbanos.
El proyecto también propone la creación de un Fondo Fiduciario Ambiental para financiar políticas de reducción de emisiones y mejoras en el manejo de residuos, en línea con la Ley 13.592 de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos.
Sin embargo, para los representantes del agro, la medida no aporta soluciones reales y desatiende la incorporación de tecnologías que el sector ya implementa para disminuir su huella ambiental: prácticas de manejo regenerativo, genética eficiente, mejoras forrajeras y biodigestores capaces de capturar metano.
La polémica escaló con rapidez, impulsada por el mensaje que Bugallo publicó en X. Allí calificó la TAMBA como “un disparate” y afirmó: “Parece que perseguir a una vaca que se tira pedos es más sencillo que hacerse cargo de décadas de abandono estructural”.