Será este martes. Además, se abrirá el capítulo conocido como “La Camarita”, que investiga la supuesta cartelización de la obra pública vial entre 2003 y 2015.
En medio de tensiones por la presencialidad, el Tribunal Oral Federal Número 7 inicia este martes su segunda semana de dos audiencias semanales, donde culminará la lectura del requerimiento de elevación a juicio de la causa principal por los cuadernos del ex chofer de Roberto Baratta.
Así, este martes se repasará la parte final de las anotaciones que Centeno, como imputado colaborador relató haber escrito como seguimiento de los viajes, entregas de bolsos y movimientos vinculados, según su testimonio, al esquema de recaudación ilegal atribuido a ex funcionarios del Ministerio de Planificación Federal.
Óscar Centeno sostuvo que comenzó a escribir los cuadernos para recordar direcciones, pero que “a partir de sospechas” sobre el manejo de valijas y montos en dólares decidió detallar cada movimiento.
Sus relatos incluyen días de recaudación, recorridos con bolsos, visitas al departamento de Cristina Kirchner y el resguardo de los cuadernos en manos de un amigo policía.
A la ex vicepresidenta se le endilga el rol de jefa dentro de una asociación ilícita, de la que además se la considera “destinataria final del dinero”, involucrándola en 175 hechos de cohecho pasivo. En este tramo también se encuentran señalados el ex ministro Julio De Vido y su antiguo número dos, Roberto Baratta más un grupo de empresarios que habrían efectuado pagos ilegales para la obtención de contratos.
Superada esa parte, el TOF 7 abrirá formalmente el capítulo conocido como “La Camarita”, que investiga la supuesta cartelización de la obra pública vial entre 2003 y 2015.
Lo anterior se da en un contexto en el que se redefinirán las reglas del debate: si será presencial, virtual o mixto, y más importante aún: dónde se realizarán las audiencias a partir del año próximo.
“La Camarita”, es un desprendimiento del expediente central enfocado únicamente en la obra pública vial. Allí se buscará determinar la existencia supuestos acuerdos ilícitos entre empresas integrantes de la Cámara Argentina de Empresas Viales, quienes habrían repartido licitaciones y establecido retornos de forma coordinada.
En este tramo están acusados 51 empresarios por cohecho activo, entre ellos: Carlos Wagner, Angelo Calcaterra, Hugo Dragonetti, Aldo Roggio y José Cartellone.
Las declaraciones de los “arrepentidos” José López, Wagner y Ernesto Clarens, consideradas determinantes por la fiscalía, describen un sistema de retornos del 3% al 5% que habría funcionado como fuente de recaudación para funcionarios de Planificación y Vialidad Nacional.
En su acusación, el fiscal Carlos Stornelli sostuvo que el esquema operaba mediante “acuerdos previos entre empresas”, que definían ganadores de licitaciones, sobreprecios y porcentajes destinados a funcionarios.
La causa también alcanza a ex funcionarios como De Vido, José López, Nelson Periotti, Sandro Férgola y Sergio Passacantando.
El TOF 7 tiene en sus manos definir dos cuestiones importantes. La primera, si habilita la feria judicial de verano para realizar audiencias o, por el contrario, mantendrán el descanso judicial y retomarán en febrero.
La segunda es si aceptarán la mudanza al Auditorio AMIA de Comodoro Py, una sala con capacidad para casi 200 personas cuya disponibilidad fue ofrecida por la Cámara de Casación a partir del 10 de diciembre.
Las indagatorias, previstas para el año próximo, serán el primer momento de plena presencialidad del proceso. Para entonces, aún se desconoce si el tribunal seguirá en modalidad mixta o si adoptará de manera definitiva las audiencias cara a cara, una de las principales demandas de la fiscalía.
NA