La Sala Acusadora se reunió para tratar dos pedidos de Juicio Político a los miembros del Tribunal Superior de Justicia. Ambos fueron rechazados por unanimidad. En esta oportunidad, se eligió como presidenta de la Sala Acusadora a la diputada Lourdes Ortiz. El diputado Nicolás Martínez, fue el encargado de tomar juramento.
La Sala Acusadora de Juicio Político se reunió en el Recinto de la Legislatura. Provisoriamente, el diputado Nicolás Martínez presidió la sesión para dar tratamiento al Orden Día. En el punto número dos, el diputado Gonzalo Becerra propuso a su par Lourdes Ortiz para presidir la Sala, moción aprobada por unanimidad.
Seguidamente, Martínez tomó juramento a Ortiz; y ya como presidenta, continúo con el tratamiento del Orden del Día. Al tomar la palabra el diputado, Julio Reinoso, propuso los miembros de la Comisión de Investigación, que quedó integrada por los legisladores Gonzalo Becerra, Yuliana López, Ismael Bordagaray, Juan José Elías y Belén Mora,
Luego, los miembros trataron el expediente 455 solicitando Juicio Político al juez Claudio Ana. Al respecto, el diputado Claudio Ruiz afirmó que el pedido de Juicio Político “carece de base jurídica y de sentido institucional”; asimismo señaló que no se puede destituir a un juez por el desacuerdo con una decisión judicial; y que el juicio político no debe usarse para resolver lo que corresponde a los recursos judiciales.
Además, advirtió que aceptar denuncias sin pruebas, sin hechos graves ni causales constitucionales “abriría la puerta a que cualquier juez sea atacado por el contenido de sus fallos”. Finalmente, recordó que la Cámara debe proteger las instituciones y que el juicio político es un mecanismo excepcional, reservado para faltas de extrema gravedad. Ante lo expuesto, Ruiz propuso rechazar por improcedentes las denuncias presentadas, y fue aprobado por unanimidad.
Por último, se trató el expediente 483, Juicio Político contra Claudio Ana; Luis Brizuela; Claudio Saúl y Gabriela Asís. Al respecto, se manifestó la diputada Carla Aliendro, que explicó que la denuncia ingresó a la Sala Acusadora conforme a la Ley N° 5.048, para evaluar su admisibilidad y determinar si los cargos denunciados corresponden a la competencia de la Cámara.
Tras citar el artículo 131 de la Constitución Provincial, afirmó que la presentación carece de pruebas mínimas y de los requisitos legales necesarios. También, recordó que la Cámara no tiene potestad para revisar fallos judiciales ni valorar pruebas, y que hacerlo “violaría la independencia de los Poderes”.
Asimismo, subrayó que el Juicio Político es un mecanismo para controlar la conducta de los funcionarios públicos, no para revisar decisiones judiciales, las cuales deben ser impugnadas por las vías previstas en el sistema legal.
Por lo expuesto, la Sala Acusadora consideró que corresponde declarar inadmisible la denuncia presentada contra los jueces del Tribunal Superior de Justicia y rechazarla mediante una moción concreta. La moción fue acompañada por unanimidad.