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Inicio - Avanza contra los medios: Milei busca derogar el Estatuto del Periodista con la Reforma Laboral
Nacionales

Avanza contra los medios: Milei busca derogar el Estatuto del Periodista con la Reforma Laboral

11 de diciembre de 2025Updated:11 de diciembre de 20253 Mins Read24 Views
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El proyecto de reforma laboral que el Gobierno envió al Congreso desató un fuerte repudio en el mundo de la comunicación. Entre los artículos incluidos en el capítulo “Derogaciones”, el texto firmado por Javier Milei propone eliminar la Ley 12.908, conocida como Estatuto del Periodista, que desde 1946 regula funciones, derechos y garantías para quienes ejercen la actividad profesional en medios gráficos y agencias de noticias.

La iniciativa confirma lo que venía circulando en los múltiples borradores impulsados por el oficialismo: un avance directo sobre el andamiaje legal que sostiene no solo las condiciones laborales del sector, sino también la protección del derecho a informar y ser informado.

Organizaciones como el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA) y la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (Fatpren) denunciaron que se trata de “una contrarreforma laboral que busca borrar un siglo de derechos”, en un comunicado conjunto que detalla el impacto que la medida tendría en la vida cotidiana de reporteros, cronistas, fotógrafos, editores y correctores.

Qué busca derogar el Gobierno: El artículo 194 y el eje del conflicto

El artículo 194 del proyecto, dentro del capítulo “Derogaciones”, propone directamente: “Deróganse la ley 12.908 y sus modificatorias”. La iniciativa también apunta contra el decreto-ley 13.839/46, que constituye el Estatuto del Empleado Administrativo de Empresas Periodísticas, otra pieza clave del esquema laboral del sector.

Derogación ESTATUTO DEL PERIODISTA

Ambas normas, vigentes desde hace casi ocho décadas, son consideradas la base de los derechos profesionales que garantizan estabilidad, condiciones de trabajo razonables y obligaciones claras para las empresas periodísticas. Para los gremios, el Gobierno no avanza hacia una modernización sino hacia una regresión de magnitud histórica.

Derechos alcanzados por el estatuto

El Estatuto del Periodista establece categorías laborales, jornadas, licencias, descansos, requisitos para el ejercicio profesional y mecanismos de registro. Fija una jornada máxima de 36 horas semanales, recargos del 100% por horas extras y un régimen de indemnización agravada ante despidos injustificados, que prevé un preaviso de hasta dos meses y un pago equivalente a seis meses de sueldo.

Su objetivo central, según indica la ley, es “regular las funciones, condiciones, derechos y garantías de los periodistas profesionales, incluyendo la libertad de expresión y pensamiento”. La última actualización relevante se realizó en 1974 para adecuar algunos aspectos del régimen a nuevas realidades del trabajo en prensa.

Impacto en la libertad de expresión: Un oficio bajo presión

Para SiPreBA y Fatpren, la ofensiva del Ejecutivo no es una cuestión aislada: se suma a una serie de señales oficiales que, según describen, buscan instalar un clima hostil hacia la tarea periodística. La frase presidencial “no odiamos lo suficiente a los periodistas”, repetida a lo largo del año, es citada como un indicador del discurso que rodea la iniciativa.

El proyecto también apunta contra artículos de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual que fijan gravámenes fundamentales para el sostenimiento de medios públicos, comunitarios y micropymes, lo que sindicatos y especialistas consideran un nuevo beneficio para las grandes empresas del sector.

“Con una misma norma el Gobierno beneficia doblemente a las grandes empresas de medios: les quita derechos a quienes trabajan en sus compañías y las exime de impuestos diseñados para garantizar un sistema informativo plural y democrático”, señalaron SiPreBA y Fatpren.

Respuesta gremial y escenario político: La defensa en el Congreso y en las calles

Los sindicatos adelantaron que desplegarán una estrategia integral para frenar lo que definen como una “contrarreforma”: presión parlamentaria, acciones judiciales y movilización en las calles. “Vamos a fortalecer la defensa de nuestro derecho a tener derechos laborales. Lo haremos ante el Congreso, ante el Poder Judicial y en las calles”, sostuvieron.

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