La Justicia Civil de Mendoza intervino ante la negativa de padres y tutores a cumplir con el calendario nacional de vacunación obligatoria para menores. El Ministerio de Salud provincial ha elevado a 15 las denuncias formales contra adultos a cargo de niños, en el marco de la Ley 27.941, que prioriza la salud pública sobre el interés particular.
Los denunciados fueron citados para explicar sus motivos y tienen un plazo de 30 días para regularizar la situación, vacunando a los menores. Esta medida responde a la preocupación por el aumento de casos de sarampión y tos convulsa (coqueluche) en el país, sumado a la circulación de gripe H3N2, enfermedades prevenibles con vacunas.
Iris Aguilar, responsable del Departamento de Inmunizaciones, aclaró que el objetivo no es castigar, sino proteger: “Buscamos que los niños se vacunen. Es el juez quien determina qué hacer; nuestro rol es activar el sistema cuando se vulnera el derecho a la salud del niño”.
Aguilar señaló que, si bien la vacunación escolar supera el 80%, la meta debe ser mayor al 95% para evitar el rebrote de enfermedades controladas. El mayor déficit se observa en las vacunas de los 15 meses, vinculado a controles pediátricos más espaciados.
La resolución ordena a los equipos de salud verificar el cumplimiento del calendario a través del registro digital nominal, en un esfuerzo por revertir la baja en las tasas de inmunización y el incremento de contagios en la población infantil.